Desde 2018, España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, los impuestos y cotizaciones han subido, en promedio, 13 veces por año, llegando a un pico de 20 aumentos en 2021, según el Instituto Juan de Mariana. En 2025, el panorama fiscal continuará en la misma dirección con al menos 11 nuevos incrementos tributarios que afectaran tanto a los ciudadanos como a las empresas.
Uno de los cambios más significativos es la aplicación de una nueva tasa de basuras, que deberá ser aprobada por los Ayuntamientos de ciudades con más de 5.000 habitantes antes de abril. Esta medida, contemplada en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, busca implementar sistemas de pago por generación que reflejen el coste real de la gestión de los residuos. Sin embargo, su aplicación podría significar un coste adicional de hasta 200 euros anuales por hogar. Este impuesto ha generado rechazo en varios municipios, que critican su obligatoriedad y alegan que no está directamente exigido por la normativa europea. Mientras tanto, algunas ciudades como Madrid han optado por compensar el impacto con rebajas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Otra medida que afectará a los hogares es el fin de los descuentos en el IVA aplicados a alimentos básicos desde enero de 2023. Productos esenciales como pan, leche y aceite de oliva pasarán de tributar al 2 % al 4 %, mientras que alimentos como la pasta y los aceites vegetales subirán del 7,5 % al 10 %. A pesar de estos cambios, según Asufin, la cesta básica de alimentos ya se ha encarecido un 9 % en los últimos dos años.
En cuanto a las rentas del ahorro, el gobierno acordó en noviembre una subida del IRPF del 28 % al 30 % para quienes superen los 300.000 euros anuales. También se implementará un nuevo impuesto sobre los cigarrillos electrónicos, con tarifas que van desde 0,15 euros a 0,20 euros por mililitro según la cantidad de nicotina, además de gravámenes adicionales para otros productos relacionados.
En el ámbito empresarial, el año nuevo traerá consigo un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras, que oscilará entre el 1 % y el 7 % según su facturación. Además, se aplicará un impuesto mínimo global complementario para multinacionales, añadiéndose a los gravámenes temporales que en principio iban a ser eliminados.
Otro aspecto destacado es la introducción de la «cuota de solidaridad» para salarios superiores a 58.908 euros y el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), medidas que en la práctica son considerados impuestos encubiertos ya que no generan beneficios directos para los contribuyentes.
Estas reformas fiscales han sido calificadas por expertos como un «vodevil» debido a la falta de seguridad jurídica y a las negociaciones de última hora que han marcado su aprobación. Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), destacó que muchas de estas medidas responden más a intereses políticos que a una estrategia de recaudación eficiente. Entre las críticas también se encuentra la aplicación de impuestos como la tasa a las energéticas, cuya viabilidad parlamentaria es dudosa a pesar de haber sido aprobada por Real Decreto.
Finalmente, algunas medidas previstas, como la eliminación de deducciones fiscales por reformas de eficiencia energética, se han pospuesto hasta 2027. Este retraso busca aliviar temporalmente la carga fiscal, aunque los contribuyentes se enfrentan a un escenario de mayor carga impositiva en los próximos años.
