Imagen: Yolanda Díaz (Sumar) y Carlos Cuerpo (PSOE), en el Congreso. Europa Press
La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha acusado este miércoles al ministro de Economía Carlos Cuerpo de vetar la llegada al Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una promesa de PSOE y Sumar a la ciudadanía que debería de cumplirse este 2025. En una entrevista en Telecinco, Díaz ha asegurado que este martes el departamento de Cuerpo “respondió por escrito” al Ministerio de Trabajo “vetando este debate”.
Según la ministra de Trabajo, para que la reducción de la jornada pueda verse aplicada este 2025, la tramitación de la medida debe activarse cuanto antes: primero tiene que pasar por el Consejo de Ministros y después por el Parlamento, donde se someterá a una prueba de fuego ante las dificultades del Ejecutivo para aprobar cualquier norma.
«Hay por escrito una respuesta que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros», ha denunciado Díaz, algo que a su juicio es «muy grave», pues se trata de una medida que forma parte del acuerdo de investidura y que ha sido acordada tras once meses de debate en la mesa de diálogo social.
Ya el pasado viernes, Díaz cargó duramente contra el ministro Cuerpo por, a su juicio, “oponerse” y “querer modificar” el acuerdo ya firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. No obstante, se ha mostrado confiada en que saldrá adelante y que se cumplirán los plazos previstos: “Lo peor que puede haber en política es no cumplir con lo que uno firma”.
Por qué Trabajo quiere tramitar la norma por vía de urgencia
En el ministerio de Díaz calculan que, por vía ordinaria, el trámite parlamentario no empezaría hasta después de las vacaciones veraniegas. Así, estima Trabajo, se estrecharían demasiado los tiempos como para que la vía legislativa culminase en 2025, lo que impediría que se cumpliese la promesa de que la reducción de la jornada se aplicase a todos los asalariados antes a 31 de diciembre de 2025.
Según explica el departamento de Díaz, el procedimiento ordinario implica que el tema pase en dos vueltas por el Consejo de Ministros. Por medio, la medida tendría que esperar a informes de varios ministerios afectados, entre otros organismos, que podrían dilatarse en gran medida. Con el procedimiento de urgencia, detalla Trabajo, estos informes se tendrían que elaborar con rapidez, la ausencia de ellos no paralizaría el proceso y no es necesario un segundo paso por la reunión de ministros.
