Imagen: Volcán de Cumbre Vieja en erupción- EFE
La Plataforma de Afectados por Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021, creada para defender a los damnificados por la erupción, sigue reivindicando que el Estado transfiera al Gobierno de Canarias los 100 millones de euros necesarios para este año 2024, de modo que se puedan pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales, conforme a un pago justo en el que se contemple el valor real de la vivienda, y se paguen todas las fincas rústicas y las segundas viviendas durante 2025 y 2026.
Piden que se cumpla lo prometido y que se busque una solución urbanística en forma de compensación a todos aquellos terrenos que tienen más de 10 metros de espesor de lava y los que serán declarados en espacio natural protegido por su cercanía al volcán, ya que estos suelos quedan inservibles para la reconstrucción durante años. Además, han solicitado que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma concedan una línea de subvenciones para los proyectos de viviendas y de fincas rústicas y para la ejecución de obras que cubra al menos el 50% del importe de los proyectos y el 50% del presupuesto de ejecución material de las obras.
Finalmente, han pedido que las Cortes Generales modifiquen el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa con el objetivo de compensar de forma adecuada con el 100% del valor real del día antes del volcán a los expropiados de fincas por las carreteras de la Costa y de las Norias y no se les compense por el tercio sobre el valor real, como se pretende.
Más de cien familias aún no tienen hogar
La necesidad de vivienda es, hasta el momento, el principal problema que enfrentan los palmeros. Aunque ya no hay afectados viviendo en hoteles y la medición de gases en las zonas cercanas a la erupción ha permitido que vuelvan 800 familias a sus hogares, otras están pendientes de una salida.
Hay 85 familias que aún viven en ‘casas contenedor’ en Los Llanos de Aridane y otras 36 en casas de madera en El Paso, a lo que hay que sumar las más de 30 familias que viven con la ayuda de Cáritas. Otros viven de alquiler con ayudas publicas, y muy pocos han tenido la capacidad de construir nuevas viviendas.
