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La Audiencia de Sevilla ha sentenciado a cinco antiguos dirigentes de la UGT-Andalucía (UGT-A) a penas de prisión y multas millonarias por desviar subvenciones públicas otorgadas por la Junta de Andalucía para cursos de formación dirigidos a desempleados. Entre los condenados se encuentra Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la federación, quien renunció al cargo tras revelarse el escándalo en 2013.
Las sanciones impuestas incluyen multas que, en conjunto, ascienden a 225 millones de euros, además de una indemnización de 40,6 millones que los condenados deberán abonar a la Junta. En caso de no hacerlo, el sindicato será responsable subsidiario de ese pago, una circunstancia que podría obligar a UGT-A a devolver el dinero mientras sigue recibiendo subvenciones públicas de la Administración andaluza.
Penas inéditas en un caso de corrupción
La cuantía de las multas e indemnizaciones impuestas supera con creces los montos desviados y establece un precedente en casos de corrupción. Por ejemplo, en el caso Gürtel, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado en 2018 a pagar una multa de 44 millones, muy por debajo de los 265,6 millones que suman las sanciones del caso UGT-A. En contraste, en la trama de los ERE no se impusieron multas a los condenados.
Además de Fernández Sevilla, las penas recayeron sobre Federico Fresneda (ex vicesecretario general de administración), María Charpín (ex secretaria de gestión económica), Enrique Goicoechea (exconsejero delegado de Soralpe) y Dolores Sánchez (ex responsable de Compras). Excepto Sánchez, condenada como cómplice a seis meses de cárcel y una multa de 25 millones, los demás deberán cumplir tres años de prisión y pagar 50 millones cada uno por delitos de falsedad documental y fraude en la gestión de subvenciones.
«Gravedad y alarma social»: los argumentos del tribunal
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla subrayó la gravedad de los hechos al justificar las penas. Según la sentencia, el fraude causó un «perjuicio significativo» tanto a los desempleados, que eran los destinatarios de las ayudas, como a la sociedad en general, además de generar una «alarma social» al ser cometido por agentes sociales responsables de defender los intereses de los trabajadores.
El tribunal rechazó la atenuante de reparación del daño que solicitaron las defensas, argumentando que el acuerdo alcanzado entre UGT-A y la Junta para devolver lo defraudado en plazos de hasta 25 años no representa un esfuerzo real para resarcir el daño al erario público. De hecho, el sindicato aún mantiene impugnados muchos de los procedimientos de reintegro.
Fraude contable: el origen del desvío de fondos
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2013, cuando la dirección de UGT-A ideó un sistema fraudulento para financiar gastos internos del sindicato. A través de descuentos, comisiones y rappels ocultos en facturas con proveedores, se generaban márgenes que quedaban en manos de la organización.
Además, se elaboraban facturas por conceptos genéricos o bienes sobrevalorados, e incluso por servicios inexistentes. Este mecanismo permitía engrosar una cuenta acreedora a favor del sindicato, desviando fondos públicos destinados a la formación laboral hacia fines internos de la entidad.
