En los últimos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha endurecido sus críticas hacia la judicatura, señalando un supuesto “acoso político, mediático y judicial” contra su Ejecutivo, acompañado de una persecución deliberada contra los jueces que investigan los casos de corrupción de su familia y partido.
Discurso contra la Justicia como estrategia política
El Ejecutivo de Sánchez ha dejado de lado la tradicional prudencia institucional frente a las decisiones judiciales adversas. En eventos recientes, el presidente ha acusado a ciertos magistrados de actuar en connivencia con el Partido Popular, calificando sus acciones de un “acoso judicial” al Gobierno. Estas declaraciones, lejos de ser espontáneas, responden a una estrategia calculada. Según fuentes gubernamentales, esta narrativa busca consolidar el respaldo de sectores progresistas, que perciben una justicia politizada.
El discurso de Pedro Sánchez en contra de los jueces ha creado un clima de tensión en la opinión pública y ha perjudicado la visión de la ciudadnía de las instituciones judiciales. En este sentido, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 83% de los ciudadanos considera que la justicia está influida por intereses políticos o económicos.
Desde el Gobierno, algunos ministros y dirigentes socialistas han respaldado la postura de Sánchez, señalando un supuesto “lawfare” contra el Ejecutivo. Sin embargo, voces como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han rechazado esta estrategia, recordando que “un Gobierno no puede presentarse como víctima”.
Por otro lado, asociaciones judiciales han manifestado su preocupación por las declaraciones del presidente, advirtiendo de un intento de desacreditar al Poder Judicial. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, de orientación progresista, también ha criticado el tono del Ejecutivo, instando al respeto institucional.
Juan Carlos Peinado
Uno de los episodios más recientes en este conflicto es la querella interpuesta por Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó de forma unánime la acusación de prevaricación contra el magistrado, calificándola de “gratuita” y “arbitraria”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga por tráfico de influencias a su esposa, Begoña Gómez. Sánchez acusaba al magistrado de prevaricación por citarlo a declarar de manera presencial en Moncloa, alegando que debía haberse permitido su testimonio por escrito al estar relacionado con asuntos conocidos por su cargo. Sin embargo, el TSJM concluyó que la actuación del juez se ajustó a la normativa.
El auto del TSJM fue contundente con la Abogacía del Estado al señalar que la querella buscaba “tergiversar” el sentido de la ley y que no existían fundamentos jurídicos sólidos para sostenerla. Además, el tribunal considera razonable la tesis de Peinado de que Sánchez debía declarar como esposo de Gómez y no como presidente. También reprochan que no se incluyera en la querella al juez sustituto que ratificó la decisión de tomar declaración presencial.
Un magistrado, en voto particular, calificó la querella como un abuso y acusó a Sánchez de actuar con mala fe procesal, subrayando que esta acción afecta negativamente la serenidad necesaria en la relación entre los poderes del Estado.
Manuel Ruiz de Lara
Otra de las víctimas del acoso del PSOE es el juez Manuel Ruiz de Lara. El partido de Pedro Sánchez ha exigido la apertura de un expediente sancionador contra el juez por insultar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, al llamarla “barbigoña” en un mensaje en la red social X. Según fuentes del partido, este comportamiento es “irrespetuoso” y mina la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Además, señalan que Ruiz de Lara ya ha protagonizado polémicas previas, como cuando llamó “psicópata sin límites éticos” a Sánchez y “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado.
A pesar de haberse enfrentado a investigaciones anteriores por actividades presuntamente incompatibles con su cargo, todas archivadas, el juez sigue atacando, según Ferraz, al presidente y su familia. Para el PSOE, este nuevo episodio refleja una falta de respeto y profesionalismo que exige medidas disciplinarias inmediatas para preservar la imparcialidad y el respeto dentro de la judicatura.
En respuesta a la polémica actual, Ruiz de Lara ha interactuado en la red social con comentarios irónicos hacia los usuarios que le cuestionaron, deseándoles un “Feliz año” y lanzando críticas jocosas. El magistrado ya enfrentó anteriormente un expediente del CGPJ por sus declaraciones en redes, lo que lo llevó a borrar su cuenta en 2023.
