Imagen: Álvaro García Ortiz-RTVE
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por revelación de secretos, ha atribuido al principal investigado, el fiscal general del Estado, dos nuevos delitos: «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación».
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación pide al juez Ángel Hurtado que cite ya a declarar como investigado a García Ortiz, después de que se haya aportado a la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a la información incautada en el registro al despacho del fiscal general y en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La citada Asociación también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».
Entre el conjunto de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el “listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Asimismo, solicita que se acredite si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».
La asociación sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», en alusión a García Ortiz.
La APIF insiste en que, antes del filtrado, “existe una porción del iter criminis que ya consta plenamente cometida por el investigado: el apoderamiento ilícito de la información”. “Ni el Fiscal General del Estado, ni la Jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», destacan.
Para la asociación, se trata de «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». «Por tanto, a nuestro juicio, el apoderamiento ilegal está claramente consumado», agrega.
La APIF le atribuye también «prevaricación»
Además, la APIF considera que «se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa», pues el fiscal general «transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el Whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados», en referencia a García Ortiz y Rodríguez.
