Imagen: Mazón y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana notificó ayer su decisión de desestimar las querellas y denuncias presentadas contra Mazón por su gestión de la Dana. La sala argumentó que, de momento, no existen indicios sólidos para imputar al presidente, aunque la investigación deberá continuar en un juzgado de instrucción.
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, celebró la resolución asegurando que “se demuestra que no había nada” contra Mazón, aunque el TSJ dejó abierta la posibilidad de futuras imputaciones si se presentan nuevas pruebas.
Una crisis presupuestaria sin precedentes
En paralelo, el Gobierno valenciano aprobó la prórroga de los presupuestos de la Generalitat para 2025. La Dana no solo devastó infraestructuras, sino que también trastocó los planes económicos del Consell, obligando a replantear unas cuentas que ahora estarán enfocadas en la reconstrucción.
Según la Sindicatura de Cuentas, el impacto financiero de la catástrofe será “cuantiosísimo” y requerirá apoyo extraordinario del Estado para evitar un colapso económico. El patrimonio neto de la Comunidad Valenciana ya es negativo, con una deuda que supera los 61.000 millones de euros, y la recuperación tras el temporal amenaza con incrementar aún más este desequilibrio.
Reconstrucción y tensiones políticas
El anuncio de la prórroga presupuestaria llega en un contexto político complicado, donde solo Vox ha mostrado disposición para apoyar las nuevas cuentas del Consell. Mientras tanto, Mazón mantiene su exigencia al Gobierno central para que cubra los 3.000 millones de déficit necesarios para afrontar la reconstrucción y evitar el “colapso” de la Generalitat.
La Sindicatura advierte que, sin una financiación extraordinaria del Estado, la Generalitat deberá recurrir a un endeudamiento elevado, agravando aún más las finanzas públicas. “La recuperación total de los activos destruidos por la DANA tendrá un impacto significativo en las cuentas futuras”, señala su informe.
Una Generalitat bajo presión
El informe de la Sindicatura de Cuentas, que abarca la gestión de 2023 en la que participaron PP y Vox, alerta sobre el “grave desequilibrio” de las finanzas de la Comunidad Valenciana. Este panorama económico refuerza la necesidad de un respaldo estatal para superar la crisis generada por la catástrofe natural y evitar mayores consecuencias para la gestión pública.
A pesar del respiro judicial, Mazón encara un 2024 cargado de desafíos, donde las decisiones financieras y la reconstrucción marcarán el rumbo político y económico de su administración.
