La relación entre Vox y el Partido Popular (PP) en Burgos ha llegado a su fin tras el rechazo del partido liderado por Santiago Abascal a los presupuestos municipales. Este conflicto pone en evidencia las tensiones que ambas formaciones enfrentan desde hace meses debido a la gestión de ayudas a inmigrantes, un tema clave en los acuerdos iniciales que permitieron la formación de gobiernos de coalición.
Motivos de la ruptura
El desencadenante de la crisis ha sido una partida de 119.000 euros destinada a convenios con tres ONG de ayuda a inmigrantes irregulares. Vox, fiel a su postura, exigía su eliminación, mientras que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), decidió mantenerla en el presupuesto de 250 millones de euros tras percibir apoyo social en ese sentido, reflejado en concentraciones ciudadanas y mensajes recibidos desde diversos sectores.
Aunque Vox intentó introducir una enmienda para que los fondos municipales se destinasen exclusivamente a inmigrantes legales, esta propuesta fue rechazada tanto en la Comisión de Hacienda como en el pleno municipal. Durante el debate, Fernando Martínez-Acitores, portavoz de Vox, defendió que su postura no era radical, sino un intento por «cumplir la legalidad». Sin embargo, señaló que la negativa del PP suponía «forzar su salida» del gobierno local.
Desde Vox, el mensaje es claro: el incumplimiento del pacto inicial ha provocado la ruptura. Fuentes del partido aseguran que situaciones similares podrían repetirse en otros ayuntamientos donde consideren que el PP ha traicionado los acuerdos alcanzados. En palabras de Martínez-Acitores, «no admitir nuestra propuesta es echarnos».
Por su parte, el PP sostiene una versión diferente. Andrea Ballesteros, portavoz municipal popular, acusó a Vox de intentar «cambiar las reglas de juego a mitad del partido». Según Ballesteros, el Ayuntamiento tiene la «obligación legal y moral» de atender a todos los vecinos de Burgos, independientemente de su origen.
Cristina Ayala, tras el rechazo a los presupuestos y la consiguiente ruptura, agradeció el trabajo de los concejales de Vox durante el primer tramo de la legislatura, aunque reconoció que las divergencias en torno a la inmigración eran insalvables.
Futuro incierto en el consistorio
La alcaldesa de Burgos anunció que se someterá a una cuestión de confianza el próximo 28 de noviembre con el objetivo de desbloquear la situación. Si la pierde, el presupuesto podría aprobarse automáticamente 30 días después, salvo que Vox y el PSOE acuerden una improbable moción de censura y apoyen un candidato común para liderar el Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, ofreció colaboración al gobierno municipal a cambio de consensuar las inversiones. No obstante, Ayala rechazó esta propuesta, argumentando que el PSOE se ha opuesto sistemáticamente a las iniciativas del equipo de gobierno e incluso ha recurrido al insulto en sus intervenciones.
La ruptura en Burgos es un nuevo episodio en la serie de conflictos entre Vox y el PP, tras el abandono de Vox de cinco gobiernos autonómicos durante el verano. Este caso podría ser solo el inicio de más fracturas en otros municipios si las tensiones entre ambos partidos continúan escalando. Vox, firme en su exigencia de cumplir los acuerdos, deja claro que el PP será responsable de las rupturas si incumple los pactos alcanzados.
Con este escenario, la gobernabilidad en Burgos queda en el aire, y la tensión entre las dos formaciones de la derecha española sigue creciendo, con implicaciones que podrían extenderse a otros niveles de la política nacional.
