El partido liderado por Sumar, bajo la dirección de Yolanda Díaz, busca promover las denuncias de malos tratos por parte de inmigrantes que se encuentran en proceso de deportación. Este partido de izquierdas ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aprobación de un protocolo que permita la paralización de la expulsión de inmigrantes ilegales en caso de que estos informen haber sufrido abusos en los CIE (Centros de Internamiento de Personas Extranjeras).
La líder de Sumar ha justificado esta propuesta señalando que las denuncias de malos tratos de las personas que en los Centros de Internamiento de Extranjeros están motivadas por el temor de que la irregularidad documental están motivadas por el temor a que su situación de irregularidad documental impida la efectiva investigación de los hechos denunciados. Además, ha censurado que la expulsión de las personas extranjeras que han entrado ilegalmente se lleva a cabo sin practicar diligencia anticipada alguna, según OKdiario.
Yolanda Díaz propone hacer denuncias falsas
Basándose en esta justificación, Yolanda Díaz ha presentado una proposición no de ley que exige al Gobierno la aprobación de una instrucción que establezca un protocolo para tramitar quejas y denuncias de malos tratos en los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE). Este protocolo deberá incluir varios principios clave, entre ellos la realización de una investigación efectiva, la prohibición de expulsar a una persona interna mientras se determine si ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo, y la correcta remisión de la información al juzgado de guardia, al juzgado de control correspondiente y al órgano administrativo competente.
Con esta propuesta, Yolanda Díaz busca incentivar a los inmigrantes ilegales a que denuncien posibles agresiones sufridas en los centros, lo que podría resultar en la paralización de su deportación hasta que se aclaren los hechos denunciados. Sin embargo, esta situación plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que se presente un efecto llamada para que se formulen denuncias falsas, con el único objetivo de retrasar la deportación. Esto podría incrementar el porcentaje de denuncias infundadas y generar un problema en la capacidad de acogida de los CIE, ya que si no hay un flujo constante de movimiento de estas personas, los centros podrían quedar abarrotados.
