La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gastará medio millón de euros para enseñar a los empresarios cómo aplicar la reducción de jornada laboral en sus empresas. A pesar de que esta medida fue aprobada este martes, el anteproyecto de ley tiene que volver a pasar por segunda vez por el Consejo de Ministros.
Tras la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley deberá continuar con su tramitación parlamentaria. En este momento, el Gobierno tendrá que negociar con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
A pesar de que la medida todavía tiene un extenso recorrido para que sea aprobada, la ministra de Trabajo ha comenzado una campaña de publicitaria centrada en los empresarios, con el fin de informarles sobre los cambios estructurales que sufrirán las empresas cuando la reducción de jornada laboral entre en vigor.
Esta campaña de publicidad y formación a los empresarios comenzará en marzo de este año, aunque, como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno todavía tiene que negociar con todos los grupos parlamentarios para que este anteproyecto de ley se apruebe definitivamente.
El Partido Popular no ha dudado en afear la medida estrella de Yolanda Díaz y ha calificado de “verdaderamente pobre” que se esté celebrando como un gran éxito el hecho de que el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, se hayan puesto de acuerdo en este anteproyecto de ley.
Tras una año de negociaciones Yolanda Díaz consigue que aprueben la reducción de jornada laboral
Vox también ha reaccionado a la aprobación de esta medida, la cual considera que es “un capricho más” de Yolanda Díaz que se habría “sacado de la manga” para “mantenerse en el candelero”.
La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionará, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
El objetivo de este plan es “informar acerca de la función y el acceso a la inspección de trabajo, así como la denuncia y los diferentes métodos de comunicar irregularidades laborales al organismo”, según recoge el plan de publicidad institucional que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo.