La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, considera que el problema de acceso a la vivienda se arregla con la intervención del Gobierno en el mismo mercado. La ministra ha señalado que este problema es “la principal fábrica de desigualdad en España” y un problema “gravísimo”, que requiere “intervenir” los precios, como se ha hecho con la energía, y “meter mano” a los fondos de inversión.
Díaz ha defendido que para que el acceso a la vivienda sea una cuestión viable para los ciudadanos, España necesita llevar a cabo “una gran reforma”. “Son dos graves agujeros que tenemos en España y ahora tenemos que corregir lo que no se ha hecho”, ha denunciado.
Por este motivo, la ministra de izquierdas ha denunciado que la única manera de resolver el problema de la vivienda es que el Gobierno intervenga “en el precio de la vivienda, pues no se trata ya sólo de un problema de salarios, sino de que no se puede vivir en prácticamente ninguna ciudad española” con los precios actuales de los pisos.
Junto a la intervención en el precio, esa “gran reforma” que propugna Díaz requiere “meter mano a los fondos de inversión”. “El problema de España no es el salario mínimo, son los fondos de inversión. Y hay que regularlos. Creo, además, que se puede alcanzar un acuerdo con los fondos de inversión cuando hay incentivos, porque cuando uno va a actuar, siempre se responde”, ha asegurado.
La líder de Sumar quiere intervenir los fondos de inversión
La tercera pata de esa reforma en vivienda sería revisar la fiscalidad, sobre todo de los pisos turísticos, que están haciendo «imposible vivir» en determinadas ciudades. “La presión turística es brutal. Ahí sí que tenemos que hacer pedagogía fiscal”, ha señalado Díaz, en clara alusión a las palabras de la vicepresidente primera, María Jesús Montero, cuando le pidió a Díaz que hiciera “pedagogía fiscal” por la tributación del salario mínimo en el IRPF.
La “actual rigidez” de la oferta de alquiler hace necesario continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública a “precios asequibles” y en el diseño de un marco regulatorio que “estimule la oferta de arrendamiento residencial” por parte de los particulares y de agentes profesionalizados.
“Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública. En particular, estos significativos esfuerzos dificultan la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores, y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos”, advierte un informe publicado este miércoles por el Banco de España.
