El enfrentamiento entre las compañías perjudicadas por la retirada de ayudas a las renovables en España y el Estado ha avanzado en los tribunales estadounidenses. Con una deuda reconocida de 368 millones de euros, empresas afectadas han localizado activos españoles en Estados Unidos por valor de 5.000 millones de euros que podrían ser embargados para cumplir con los laudos favorables emitidos por organismos internacionales. Entre los bienes identificados se incluyen inmuebles del Instituto Cervantes, obras de arte y cuentas bancarias, aunque la legislación protege los edificios que albergan embajadas y consulados.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el pasado 2 de diciembre el último recurso presentado por España para evitar el pago de estas indemnizaciones, derivadas de la retirada retroactiva de primas a las energías renovables en 2013. Este cambio legislativo, implementado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, anuló las ayudas impulsadas previamente por José Luis Rodríguez Zapatero en su plan de apoyo a las energías limpias.
El rechazo del recurso abre la puerta a que las empresas demandantes cobren sus deudas mediante la confiscación de activos españoles en territorio norteamericano. Este proceso sigue la senda ya marcada por países como Reino Unido, Australia y Bélgica, que han permitido embargos similares tras sentencias favorables.
El alcance de los laudos internacionales
Las demandas se remontan a la decisión de diversas compañías de llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones , un tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial. Hasta la fecha, este organismo ha fallado a favor de los demandantes en 26 de los 52 casos presentados, reconociendo indemnizaciones que superan los 1.800 millones de euros. Sin embargo, las compañías no han recibido un solo euro de estas compensaciones debido a la negativa de España a aceptar los laudos.
Entre los procesos reconocidos por la justicia estadounidense destacan tres casos: NextEra: La firma norteamericana tiene derecho a una compensación de 290 millones de euros, más 5 millones en intereses de demora. 9REN: Recibiría 40 millones de euros, además de 3,5 millones en intereses. JGC: La compañía japonesa tiene reconocidos 23,5 millones de euros, junto con otros 5,5 millones por demora.
Posibles embargos en Estados Unidos
Con el rechazo del recurso por parte del tribunal estadounidense, las empresas tienen ahora la posibilidad de solicitar el embargo de activos españoles. Aunque han declinado revelar detalles del listado de bienes identificados, planean enviarlo a los jueces para su aprobación. Entre los activos localizados figuran propiedades del Instituto Cervantes y otros productos financieros.
El caso en Estados Unidos no es aislado. En abril, la justicia británica autorizó el embargo de propiedades españolas, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Londres. Australia siguió el mismo camino al reconocer el laudo a favor de Antin Infrastructure Services, al que España adeuda 101 millones de euros. Por su parte, la justicia belga ordenó en junio el embargo de 83,7 millones de euros que Eurocontrol debía abonar a España, afectando pagos destinados tanto a Aena como al Ejército del Aire.
Un informe del fondo estadounidense Blasket Renewable estima que el incumplimiento ha encarecido la deuda pública española en 5.000 millones de euros. Además, calcula que el PIB se reducirá en 7.343 millones debido a esta situación.
