Los importadores australianos enfrentan desafíos sin precedentes en el transporte marítimo de contenedores, con algunos pagando hasta once veces más por este servicio en comparación con años anteriores, según un nuevo informe de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC).
La crisis se atribuye a múltiples factores que han desestabilizado la logística global, como las interrupciones de la cadena de suministro mundial, las restricciones en el Canal de Panamá y los ataques en el Mar Rojo que obligan a los buques a evitar el Canal de Suez. Además, la huelga en las terminales de DP World ha agravado aún más la situación.
«Ha sido un momento difícil para las empresas que dependen de la cadena de suministro de carga de contenedores, lo que a su vez afecta a los consumidores e impacta en la economía australiana a través de costos más altos y retrasos en los envíos«, declaró la comisionada de la ACCC, Anna Brakey.
Aumento de los costos de la estiba
La investigación revela tendencias preocupantes en los costos de estiba. Entre 2016-17 y 2023-24, los ingresos por estiba por contenedor aumentaron un 22,6% (72,16 dólares), mientras que los costos solo crecieron un 8,9% (24,22 dólares). Esta disparidad sugiere importantes ineficiencias en el mercado, ya que los estibadores parecen aprovechar su posición para incrementar los precios más allá de los niveles competitivos.
Los parques de contenedores vacíos también han agravado la crisis, con las tarifas de notificación disparándose de 5,50 dólares por contenedor en 2018 a 179,40 dólares en Sídney y 143,30 dólares en Brisbane a principios de 2024.
Las conclusiones de la ACCC apuntan a fallos sistémicos del mercado, en los que los importadores y exportadores enfrentan opciones limitadas para negociar o cambiar de servicio. «Es posible que se necesite una reforma para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de carga de contenedores«, enfatizó Brakey, sugiriendo posibles intervenciones políticas o regulatorias para abordar estas fallas del mercado.
Para las empresas australianas, estos desafíos han resultado en pérdida de ventas, problemas de flujo de efectivo y posibles daños a la reputación. El monitoreo continuo de la ACCC en los principales puertos, incluidos Adelaida, Brisbane, Fremantle, Melbourne y Sídney, sugiere que, sin intervención, estos problemas pueden persistir.
Impacto de la Ley Jones de EEUU
Otro de los factores que se perciben como un riesgo para Australia es la posible entrada en vigor de la Ley Jones. Esta normativa, de carácter proteccionista, podría disparar los costos del comercio marítimo en Australia, generando un auténtico mazazo para las relaciones comerciales debido a las estrechas conexiones marítimas entre Estados Unidos y Australia.
La Ley de la Marina Mercante de 1920, más conocida como la Ley Jones, exige que las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean trasladadas en barcos construidos, de propiedad y tripulados por estadounidenses. Los críticos de la ley argumentan que esta regulación sofoca la competencia y eleva los costos, mientras que sus defensores la consideran una piedra angular de la seguridad nacional de Estados Unidos, la creación de empleos y el fortalecimiento de la industria marítima nacional.
«Durante más de un siglo, la Ley Jones ha exigido que las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses se transporten en barcos construidos, de propiedad estadounidense y tripulados por estadounidenses«, señala un artículo de American Thinker compartido por Trump. «Aunque puede parecer un pequeño detalle regulatorio, su impacto es enorme, tocando todo, desde la creación de empleos en Estados Unidos hasta la seguridad nacional y el desarrollo de la industria eólica marina«.
Durante la primera administración de Trump, se subrayó la importancia de la Ley Jones, pero también enfrentó críticas por emitir exenciones que, según algunos, socavaban las protecciones de la ley. En 2017, tras los huracanes Harvey e Irma, se permitió temporalmente que los envíos de combustible, como gasolina, diésel y combustible para aviones, llegaran a los puertos del sureste de los Estados Unidos. Semanas después, tras el devastador impacto del huracán María en Puerto Rico y en medio de crecientes críticas por la respuesta federal, se otorgó una exención limitada de 10 días.
Con Trump preparándose para asumir el cargo por segunda vez, la industria marítima estadounidense observa con atención cómo su administración manejará la política de la Ley Jones. Por ahora, su reciente mensaje en redes sociales parece enviar una señal clara: la Ley Jones llegó para quedarse.
