El greenwashing, término utilizado para describir la práctica de las empresas de promocionar sus supuestos compromisos ecológicos mientras enmascaran prácticas que no son verdaderamente sostenibles, está siendo objeto de escrutinio por parte de la Unión Europea. Se están tramitando normativas como la Directiva sobre Alegaciones Ecológicas con el fin de proteger a los consumidores de etiquetados engañosos. Este tema también se ha convertido en una de las principales prioridades del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
Recientemente, el ministerio abrió a consulta pública la futura Ley de Consumo Sostenible, que tiene como objetivo combatir el greenwashing. Se busca que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas y estimular la oferta y demanda de productos más sostenibles. La ley advierte que las afirmaciones sobre prácticas verdes deben ser examinadas detenidamente y estar respaldadas por compromisos claros, objetivos y verificables, así como por un plan de ejecución detallado y realista.
El ministerio tiene la autoridad para prohibir los eslogans que carezcan de suficiente veracidad o credibilidad, así como los distintivos de sostenibilidad que puedan inducir a error sobre el impacto ambiental de un producto. En el evento de presentación de la iniciativa, Bibiana Medialdea, secretaria general de Consumo y Juego, destacó la importancia de abordar la crisis ecosocial y señaló que la sociedad está dispuesta a hacer esfuerzos para ello.
Control a través de sanciones
Las empresas que realicen alegaciones ecológicas sin respaldo o planificación adecuada serán objeto de sanciones significativas contempladas por la ley, las cuales incluirán la consideración de tales prácticas como Prácticas Comerciales Desleales. Esto puede resultar en multas sustanciales y otras consecuencias, como la confiscación de ingresos obtenidos de productos no sostenibles, la exclusión temporal de procesos de contratación pública y del acceso a financiación pública, así como multas adicionales basadas en el volumen de negocios anual de la empresa.
El objetivo es asegurar que las sanciones sean efectivas y disuasorias, y que se prive de beneficios a aquellos que difundan mensajes engañosos o infundados, lo que podría tener un impacto negativo en la reputación de la marca a largo plazo.
