La gestión de los fondos europeos destinados a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica ha mostrado resultados preocupantes, con un ritmo de ejecución significativamente más bajo de lo previsto.
A mediados de este año, el Gobierno ha resuelto convocatorias por un valor de 10.257 millones de euros, lo que equivale a solo el 25% de los 41.182 millones asignados mediante la Adenda al Plan de Recuperación en su última actualización, dejando una importante cantidad de fondos pendientes de adjudicar.
El Ejecutivo tiene aún que gestionar convocatorias por valor de 30.924 millones de euros, es decir, el 75% de los fondos asignados a los PERTE, y se enfrenta a la presión del tiempo: tiene que distribuir estos recursos antes del 31 de agosto de 2026. Si no se consigue este objetivo, los fondos deberán ser devueltos a la Unión Europea, lo que supondría una gran pérdida para la economía española.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado que otros 3.803 millones están «en próxima resolución», lo que podría elevar la cifra ejecutada a 14.579 millones, aún quedarían 26.303 millones por adjudicar, el equivalente al 65% del total asignado a los PERTE. Este lento avance ha generado inquietud, tanto en el sector empresarial como en las administraciones implicadas en la ejecución de los proyectos.
El Gobierno solo ha pagado 33.300 millones según la Intervención General de la Administración del Estado
Uno de los principales problemas radica en la falta de claridad sobre los pagos efectivos realizados. Las cifras de convocatorias resueltas no son fondos introducidos a la economía real, ya que hay un desfase temporal entre la adjudicación y la llegada del dinero a sus destinatarios finales.
Según la plataforma Elisa, el Gobierno ha resuelto convocatorias por valor de 40.400 millones de euros, pero solo se han pagado 33.300 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE. Esto significa que 6.670 millones, aunque adjudicados, aún no han sido transferidos.
Además, la metodología empleada en el caso de los PERTE incluye en las cifras de «convocatorias resueltas» los fondos transferidos a las comunidades autónomas, que en muchos casos todavía se encuentran en fase de tramitación. Esta situación agrava la percepción de una ejecución más lenta de lo esperado.
Otro factor que ha generado preocupación es el bajo interés del sector privado en los préstamos ofrecidos como parte de los PERTE. De los 16.680 millones asignados a esta modalidad, solo se han repartido 519 millones, lo que representa un escaso 3,1% del total. Esto deja un importante saldo de 15.200 millones por distribuir antes de la fecha límite de agosto de 2026.
