España se destaca en el Informe Europeo sobre Drogas 2024 por haber confiscado el 81% de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea durante 2022. Este elevado porcentaje se atribuye a la proliferación de plantaciones de marihuana en interiores, conocidas como “plantaciones indoor”. Estas instalaciones resultan ser más difíciles de detectar y tienen un rendimiento superior en comparación con las plantaciones al aire libre, produciendo entre cuatro y seis cosechas anuales.
Auge de las plantaciones ilegales
El ministerio del Interior ha señalado que estas plantaciones están bajo el control de «organizaciones transnacionales con actividades policriminales». En particular, Andalucía ha visto un aumento significativo en el número de estas instalaciones ilegales, que se concentran principalmente en áreas degradadas y polígonos industriales de las ciudades.
El uso intensivo de sistemas de iluminación y ventilación en estas plantaciones requiere una conexión eléctrica constante, que a menudo se realiza de manera ilegal. Este alto consumo energético causa sobrecargas en la red eléctrica, activando protecciones en los centros de transformación y resultando en interrupciones de suministro que afectan a las comunidades circundantes.
Incendios, desconexiones y riesgos eléctricos
El consumo eléctrico elevado y la manipulación de instalaciones por parte de estas plantaciones pueden provocar incendios en las líneas subterráneas y centros de transformación. Endesa ha reportado picos de hasta 15 fusibles fundidos por día en algunos centros de transformación. En el último semestre, la empresa desconectó cinco plantaciones de marihuana en Almería cada semana, dos en Sevilla y Cádiz, y una en Córdoba. Málaga y Granada lideran las desconexiones, con hasta siete y tres plantaciones diarias respectivamente. En Jaén y Huelva, se desconectaron 16 y 10 plantaciones durante el primer semestre del año.
Endesa advierte que las conexiones ilegales no solo generan riesgos de incendio en instalaciones generales y edificios residenciales, sino que también afectan la seguridad de quienes manejan estas instalaciones y los vecinos de las áreas afectadas. Estas conexiones fraudulentas representan el 74% de la energía defraudada, junto con consumos industriales y comerciales.
Propuesta legislativa del PP
En respuesta a la problemática, el Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Parlamento andaluz para modificar el artículo 255 del Código Penal, que aborda la defraudación de fluido eléctrico. La propuesta sugiere la creación de un tipo agravado de delito que considere no solo el valor defraudado, sino también el impacto en el interés público y en los usuarios causado por el cultivo y tráfico de drogas. La pena propuesta para este nuevo tipo agravado oscilaría entre 1 y 3 años de prisión, con multas de 6 a 18 meses.
