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La ministra de Sanidad, Mónica García, celebraba el mes pasado la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, destacando su objetivo de reducir la presencia y el consumo de tabaco en espacios públicos.
El tabaco, a pesar de su grave impacto en la salud, sigue siendo legalmente distribuido por el Estado, generando ingresos extraordinarios a través de una fuerte carga impositiva. Es curioso que aunque el número de consumidores ha disminuido en los últimos años, la recaudación ha seguido en un aumento imparable, gracias a la inelasticidad de la demanda de este producto. Esto significa que, aunque aumente su precio, los consumidores siguen comprándolo, lo que permite al Estado incrementar progresivamente sus ingresos.
En España, la recaudación por el tabaco alcanzó los 8.687 millones de euros en 2022, con solo 2.182 millones de cajetillas vendidas, en comparación con los 6.946 millones de euros recaudados en 2004 con 4.663 millones de cajetillas vendidas. Este aumento en los ingresos se debe principalmente al alto porcentaje de impuestos que representan en el precio final del tabaco, superando el 80%.
El contrabando de tabaco también ha impactado en el mercado español, especialmente durante la crisis económica de 2008, lo que contribuyó a una disminución temporal en la demanda de tabaco. Sin embargo, la recaudación siguió aumentando debido a los impuestos crecientes.
Una recaudación brutal
El precio del tabaco ha experimentado un aumento constante desde 1999, mientras que el precio antes de impuestos ha representado una fracción mínima del costo total para el consumidor. En 2023, la recaudación impositiva alcanzó más del doble de la cifra de 1999, a pesar de vender la mitad de cajetillas. Esto refleja el impacto significativo de los impuestos en el precio final del tabaco.
Es evidente que el tabaco sigue siendo un negocio lucrativo para el Estado, a pesar de no participar en su producción, distribución o venta. Con casi el 90% del precio final compuesto por impuestos, el Estado se beneficia enormemente de la industria tabacalera.
El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, recientemente aprobado, pretende reflejar el compromiso del gobierno español en la lucha contra el tabaquismo, sin embargo, lo que se está demostrando es que se trata principalmente de una brutal estrategia de recaudación en la que el gobierno se aprovecha de la adicción de los usuarios al tabaco para sacarles hasta el último céntimo de sus carteras.
