El Instituto alemán IZ ha publicado un estudio sobre la aprobación de la Ley Rider, impulsada por el Ministerio de Trabajo. El informe ha destacado que esta ley ha tenido efectivos profundamente negativos en los salarios, así como el empleo de los repartidores.
El informe ha señalado que la ley de Yolanda Díaz no ha mejorado las condiciones de los repartidores. Es más, la normativa ha reducido su capacidad de decisión y ha generado distorsiones en el mercado laboral. LibreMercado ha señalado que el informe elaborado por los economistas Juan J. Dolado, Álvaro Jáñez y Felix Wellschmied, la Ley Rider que impulsó la ministra de Trabajo ha provocado un descenso del empleo en el sector del 7%, una caída del 3% en los salarios por hora y una reducción del 2,5% en el número de horas trabajadas.
Los más perjudicados han sido precisamente los trabajadores que la ley pretendía proteger: aquellos que aún operan como autónomos, pero con una demanda más débil de sus servicios y tiempos de espera más largos para recoger pedidos.
El número total de repartidores en España ha crecido de 25.000 en 2021 a 35.000 en 2024, pero este aumento responde a la creciente demanda de pedidos de comida a domicilio y no a los efectos positivos de la ley. De hecho, las empresas que han optado por cumplir la normativa no han podido absorber la totalidad de los riders que antes trabajaban como autónomos: solo han incorporado al 46% de los que quedaron fuera tras la reforma, según señala LibreMercado.
Economistas proponen bonificar las cotizaciones sociales a las empresas que cumplen la normativa
La solución que proponen los economistas para solucionar los efectos negativos de la Ley Rider sería bonificar las cotizaciones sociales a las empresas que cumplen con la normativa. Esta medida permitiría aliviar los costes que han impedido a las plataformas absorber a más trabajadores y contribuiría a mejorar los salarios de los repartidores asalariados.
Las reformas de Yolanda Díaz no están siendo bien recibidas por ningún sector. La ministra de Trabajo propuso en 2024 una iniciativa para reducir la jornada laboral de 40 semanas a 37,5 horas semanales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente de la CEOE se han negado a aplicar esta medida debido al sobrecoste que supondría hacer frente al gasto de reducir la jornada y mantener la productividad.
En definitiva, el informe del IZA pone sobre la mesa una realidad muy incómoda para el gobierno: la Ley Rider ha generado más problemas para el sector y ha pauperizado a los trabajadores a los que supuestamente quería defender. En lugar de mejorar la calidad del empleo, ha reducido la flexibilidad laboral, encarecido la contratación y debilitado la posición de los trabajadores en el mercado. Como ocurre tantas veces, las buenas intenciones del regulador han chocado con los principios básicos de la economía real, según LibreMercado.
