Repsol ha suspendido 1.500 millones de euros en inversiones previstas para España, una decisión que pone en riesgo el futuro de sus cinco refinerías en el país. La compañía energética, que opera en Cartagena, Tarragona, Bilbao, A Coruña y Puertollano, ha vinculado esta congelación de inversiones al impacto del impuesto energético impuesto por el Gobierno. Fuentes de la empresa aseguran que con la permanencia de este gravamen «no tendría sentido seguir invirtiendo en proyectos que no son rentables».
Inversiones clave en hidrógeno en suspenso
El futuro de las refinerías de Repsol depende de la ejecución de inversiones estratégicas, especialmente en la producción de hidrógeno verde. Estas inversiones, que incluyen proyectos en Cartagena, Bilbao y Tarragona, podrían quedar paralizadas si no se despejan las incertidumbres sobre el marco regulatorio. En total, 1.500 millones de euros en proyectos industriales y de sostenibilidad están en juego.
El grupo ya ha trasladado a Portugal uno de sus primeros proyectos de hidrógeno verde, un electrolizador de cuatro megavatios que se construirá en 2025. Este movimiento subraya el interés de Repsol por asegurar inversiones en países donde la fiscalidad resulta más favorable.
Preocupación en el sector energético: el caso de Cepsa
El impuesto energético también ha generado preocupación en otras grandes compañías, como Cepsa. El CEO de la firma, Maarten Wetselaar, ha señalado que las inversiones de su empresa en España dependen del entorno regulatorio. En 2023, Cepsa registró pérdidas de 233 millones de euros en el país, pero aun así tuvo que abonar el gravamen energético. Este panorama se complica con la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley que podría perpetuar el impuesto y otros gravámenes a la banca y el sector energético, con el objetivo de recaudar 4.500 millones de euros adicionales en 2025.
Impacto en la competitividad y críticas del sector empresarial
La incertidumbre jurídica y fiscal es una de las mayores preocupaciones para las empresas en España. Según una encuesta interactiva realizada en el XXVII Congreso de la Empresa Familiar en Santander, un 60% de los asistentes identificaron la inseguridad jurídica como el principal obstáculo para la competitividad, superando incluso la falta de mano de obra cualificada y los conflictos geopolíticos.
Reacciones del Gobierno y la oposición
Desde el Partido Popular, su portavoz económico, Juan Bravo, ha criticado la permanencia de estos gravámenes. Bravo señaló que estas medidas deberían ser temporales y alineadas con la normativa europea para evitar distorsiones competitivas. En particular, advirtió que países como Portugal, que no aplican este tipo de impuestos, podrían beneficiarse de una política fiscal más atractiva para las empresas.
Por otro lado, el Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el traslado de inversiones de Repsol a Portugal. El ministro de Industria, Jordi Hereu, presente en el mismo congreso, prefirió no hacer comentarios hasta tener más información. Sin embargo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró crítico con las quejas de las empresas energéticas, calificándolas de «amenazas desmesuradas» y defendiendo el recargo fiscal como «razonable» dado los beneficios extraordinarios obtenidos en los últimos años por estas compañías.
