Tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa, valores básicos de cualquier democracia liberal, están hoy en grave riesgo como consecuencia de la nueva oleada de intervencionismo y control que, cual balsa de aceite, se está extendiendo a nivel global. Y es que, aunque parezca mentira, la censura ya no es algo exclusivo de dictaduras y tiranías tercermundistas, sino que, por el contrario, se está implantando ya en cada vez más países libres del denominado primer mundo.
A principios de agosto, el sátrapa Nicolás Maduro anunciaba la suspensión de la red social X en Venezuela por un período de diez días para tratar de aplacar las masivas protestas en la calle contra el robo electoral que protagonizó el régimen socialista en los comicios presidenciales del pasado julio. Y, como era de esperar, lo que se anunció como temporal se está prolongando en el tiempo y, muy posiblemente, se convertirá en permanente. Los venezolanos no tendrán acceso a la valiosa información y el eficaz canal de comunicación que ofrece la red de Elon Musk.
Sin embargo, semejante barbaridad se cierne también sobre Occidente de diferentes formas. En una carta enviada al Congreso de EEUU, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, acusa a la Administración Biden de presionarles para eliminar de su red social determinados mensajes durante la pandemia del coronavirus que eran contrarios al discurso oficial del Gobierno, incluyendo incluso chistes y sátiras. Curiosamente, algunas de estas informaciones políticamente incorrectas se demostraron certeras a posteriori, mientras que muchas de las directrices y políticas aplicadas por los estados durante la citada crisis sanitaria resultaron fallidas y profundamente erróneas.
Asimismo, Francia detuvo hace escasos días al fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, por negarse a facilitar a las autoridades datos privados de sus usuarios ni implantar políticas de censura para restringir ciertos contenidos. En esencia, la Fiscalía francesa pretende responsabilizar a Pavel de los delitos que cometen algunos particulares aprovechándose de su plataforma, lo cual es absurdo.
Los criminales se valen de todo tipo de herramientas y recursos para cometer sus fechorías, incluidas redes y aplicaciones, pero lo que hay que perseguir es el delito y, por tanto, al delincuente en sí, no la tecnología de la que se vale, ya que, por esa regla de tres, operadoras móviles, entre otras tecnológicas, también podrían ser tachadas de cómplices en las actividades ilegales que se perpetran haciendo uso de sus servicios y aplicaciones.
La censura está llegando a tal punto que Reino Unido ha empezado a arrestar a particulares por difundir memes y opinar libremente sobre la creciente intolerancia y criminalidad que protagonizan algunos inmigrantes. Y algo muy similar puede suceder en España después de que la Fiscalía, dependiente del Gobierno, solicitase prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan “delitos de odio” o difundan mensajes “falsos”. La supuesta “desinformación” y el tan socorrido “odio” es la burda excusa que usan los nuevos censores de nuestro tiempo para restringir la libertad de expresión a fin de imponer su particular discurso, ya que, en última instancia, aspiran a perseguir lo que ellos y sólo ellos, de forma totalmente arbitraria y subjetiva, incluyan bajo tales conceptos.
Occidente, el mundo rico y libre, no es ajeno a la corriente totalitaria que pretende limitar los nuevos canales de comunicación e información nacidos de la revolución tecnológica. Ya no hay un pequeño número de emisores sobre los que ejercer control y presión, como es el caso de la antigua prensa, dado que ahora hay tantos potenciales canales como usuarios y eso es algo que escapa al control de los políticos liberticidas de todos los partidos. De ahí, precisamente, que su objetivo sea ni más ni menos que prohibir, censurar y restringir tanto el acceso como el contenido de estas redes persiguiendo a sus dueños.
La auténtica amenaza no son las plataformas ni, mucho menos, la libertad de expresión. La única amenaza real es la nueva censura, la de siempre, que pretende imponer el Estado.
