Las redes se han plagado esta semana de mensajes analizando los impuestos que pagamos como trabajadores, pero también como empleadores. Al margen de una situación más o menos frustrante, es positivo que estas conversaciones se comiencen a dar y que todos tomemos conciencia de cuánto dinero entregamos al Estado cada mes, especialmente antes de que llegue a nuestra cuenta bancaria.
No se trata solo de la diferencia entre el salario bruto y el neto, también está el hecho de que las empresas pagan aún más por nosotros, y ese dinero también pasa por caja sin que lo veamos reflejado directamente. Como ciudadanos, deberíamos exigir mayor transparencia: que nuestra nómina refleje no solo lo que recibimos, sino también el detalle completo de lo que la empresa paga en nuestro nombre. Aún hay miles de personas en España que creen que la única diferencia entre el bruto y el neto son las retenciones que nos aplican como trabajadores, ignorando otros costes. Y eso sin mencionar el IVA y la enorme cantidad de impuestos que pagamos en determinados productos y servicios.
Prueba de ello es toda la maraña de impuestos que serán superiores en 2025. El IVA para determinados productos de primera necesidad (pan, leche, verduras) subirá del 2% al 4%. También lo hará en productos como aceite de semillas y pasta, que revertirá la reducción que sufren actualmente y volverán a pasar al 10%, frente al 7,5% que disfrutábamos. El IVA en la electricidad volverá de igual forma al 21%, sin excepciones. Por otro lado, se eliminarán las deducciones en el IRPF para obras de rehabilitación energética de viviendas, que permitían desgravar entre un 20% y un 40% el coste. De la misma forma, será el fin de las deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, que se situaba en el 15%. Se incluye además una imposición obligatoria de la tasa de basuras en todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes y, como ya es habitual sin que nadie levante la voz, se incorpora una extensión del impuesto especial sobre el tabaco a cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina. Con respecto al IRPF, se hace una subida del tipo del 28% al 30% para rendimientos de capital superiores a 300.000 €.
Adicionalmente a todo ello, los trabajadores cuyos salarios anuales superen los 56.646 € pagarán un nuevo impuesto al que el gobierno ha llamado impuesto de solidaridad, y que ha aparecido en todos los medios como 4.720 € mensuales. De lo que parece que no han hablado esos mismos medios es que ese sueldo es en bruto, y en 12 pagas. 56.646 € brutos mensuales equivalen a algo más de 2.700 € netos mensuales, lo que para la administración ya es sinónimo de riqueza y de carta blanca para un expolio que marcha cada vez más rápido y que está dirigido directamente a la clase media.
La guinda de todo esto es el impuesto sobre los seguros médicos privados: el pacto de PSOE y Sumar del pasado noviembre afectará a más de 12 millones de personas que de forma directa son usuarios de la sanidad privada. Además, tendrá un impacto indirecto al incentivar que muchas personas dejen de contratar dicha sanidad y se vean obligadas a recurrir al sistema público. Y es que estas personas no solo estarían financiando la sanidad pública pese a no utilizarla (o al menos en menor medida), sino que, al optar por un servicio privado, también se les estaría haciendo pagar un extra.
Estamos acostumbrados a ver cómo, de forma constante, se empobrece cada vez más al ciudadano. Sin embargo, lo que parece más peligroso, es que nos pensemos que esto solo afectará a la clase alta. No olvidemos lo siguiente: un trabajador con un salario de 22.400 €, cuya empresa desembolsa en realidad 30.000 € por él, termina recibiendo un salario neto de algo menos de 16.000 €. En otras palabras, casi la mitad de su remuneración total es absorbida por el Estado.
