Legislativo, ejecutivo y judicial, estos tres poderes y su consiguiente separación son pilares básicos en todo Estado de derecho. Pese a ello, es del gusto de los políticos difuminar las fronteras que delimitan la separación de poderes, siempre están buscando la forma de que la raíz de su poder sea cada vez más profunda. Y, hay quienes disfrutarían al ver un Poder Judicial sumiso y maniatado, un Poder Judicial que no impartiera justicia sino “su justicia”. Asistimos al escandaloso señalamiento, con nombres y apellidos, de miembros de la judicatura, no se guarda ya ningún tipo de respeto ni se conoce la mesura que aporta la vergüenza.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Poder Judicial, está en el ojo del huracán. La polémica que lo rodea no es cosa de hoy ni de ayer, hace tiempo que el asunto anda dando vueltas y sobre él se han vertido opiniones de toda clase. Larga y tortuosa fue la espera que precedió a su renovación, el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios se hizo de rogar, pero acabó llegando. El resto de los partidos no pudo hacer más que rabiar, pues no se precisó de su intervención para la elección de los nuevos miembros del CGPJ.
Mucho se ha hablado sobre qué partido político, el Popular o el Socialista, jugó mejor sus cartas en la negociación y sobre quién se erigió como vencedor tras la elección, por los miembros del CGPJ, de Isabel Perelló como nueva presidenta del CGPJ. Hay quienes hablan de un nuevo favor del Partido Popular a su compañero de juegos, el Partido Socialista, y quienes defienden que, dadas las circunstancias, los populares salvaron los muebles de una forma casi digna. Se habla de quién ha otorgado a quién el Poder Judicial. Lo que a mí me escandaliza es que la justicia parezca pertenecer a los partidos políticos. La primera piedra en el camino de la politización de la justicia la puso Felipe González – el ahora mal llamado “PSOE bueno”, pues no existe tal cosa – en 1985, momento en que se promulgó la LOPJ, Ley en la que se estableció que la integridad de los miembros del CGPJ sería elegida por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos.
La LOPJ derogó la Ley Orgánica de 1980 del CGPJ, primera norma que reguló la forma de elección del Consejo y en la que sí se recogía que doce de sus miembros fueran escogidos por Jueces y Magistrados, y el resto por las Cortes. La Constitución Española menciona este aspecto en su artículo 122, artículo en el que trazó con lápiz el camino a seguir, pero que dejó supeditado a un posterior desarrollo normativo, lo que fue aprovechado por el gobierno de González. A la reforma de Felipe González le sucedieron más reformas y falsos compromisos de cambio en campaña electoral que la mayoría absoluta de Mariano Rajoy nunca llegó a materializar. Ahora, el Partido Popular de Núñez Feijóo vuelve a hablar de cambio y de despolitización del Poder Judicial, mucho insistieron en que no pactarían con los socialistas cosa distinta a un modelo de elección de los miembros del CGPJ que pudiera calificarse como despolitizado.
No obstante, la cosa acabó con un diez para ti y un diez para mí, y con el encargo al CGPJ de redactar una propuesta de ley que contenga un nuevo mecanismo de elección de los miembros de cara a futuras renovaciones, de forma que sean los propios representantes de los jueces quienes determinen cuál será el modelo a seguir. En caso de que el CGPJ lograse aprobar la propuesta, lo que requiere el voto favorable de al menos doce de sus miembros, tendría que remitirla a los titulares de la iniciativa legislativa, estando, nuevamente, la potestad de acceder o no a la reforma en manos de quienes se han negado ya en numerosas ocasiones a que se produzca un cambio.
Por el momento parece, como poco, dudoso que el cambio se llegue a producir, más viendo lo rápido que se desentendieron los socialistas del supuesto compromiso de cambio. Renunciar a esta potestad implicaría hacer uso de una decencia que no poseen. Aun así, no pierdo la esperanza de que el cambio se produzca, pues la justicia sin independencia no es justicia.
