Poco a poco empieza a tomar forma el plan contra la “desinformación” que avanzó el Gobierno poco antes de verano. Su objetivo no es otro que reintroducir la censura en España. Hoy por hoy, gracias a la revolución tecnológica, es mucho más difícil controlar de forma estricta el flujo de la información, ya que los tradicionales medios de comunicación de masas han ido perdiendo poder e influencia con el desarrollo de internet y el auge de las redes sociales.
Los jóvenes, por ejemplo, ya no ven la televisión. El fenómeno de los podcast ha disparado de forma exponencial la oferta de programas y canales de todo tipo y temática, al margen de la radio, que, si bien mantiene su influencia, depende de la concesión de licencias administrativas para poder emitir. Y algo similar sucede con los periódicos, puesto que el papel ha desaparecido y cada vez es más la población que se informa a través de las redes.
Nada de esto supone problema alguno. Por norma general, a mayor oferta, más variedad, más competencia y menos posibilidad de control. Además, por mucho que se diga lo contrario, este particular contexto también tiende a elevar la calidad de la información, dado que la posibilidad de contrastar y verificar se incrementa sustancialmente. Basta señalar la eficacia de las notas de la comunidad que ha introducido la red X para corregir falsedades o errores sin que intervenga ningún organismo central
No en vano, si la producción y difusión de la información dependiera únicamente de uno o varios medios, su capacidad de influencia para imponer un determinado relato sería casi total. Y si, además, su operativa y financiación dependiera del Gobierno, éste tendría en última instancia el monopolio absoluto, anulando con ello la libertad de prensa e incluso el derecho a la libre expresión, tal y como acontece bajo las dictaduras.
España, sin embargo, está bajo un Gobierno liberticida y de inspiración claramente autoritaria que no sólo no soporta las críticas, sino que no tolera la difusión a gran escala de toda aquella información que escapa a su control y, por tanto, se aleja de la verdad oficial que impone Moncloa. En este sentido, cabe recordar que los numerosos y graves escándalos de corrupción que asedian al PSOE han partido inicialmente de informaciones periodísticas, sin que ninguna haya resultado desmentida o anulada por la Justicia.
Ésta y no otra es la razón por la cual el Gobierno de Sánchez lleva meses insistiendo machaconamente en el gran peligro que suponen los “bulos” y la “desinformación” que lanzan los llamados “pseudomedios” y que, en el fondo, hace alusión a las informaciones y opiniones que dañan al Gobierno. Se han inventado un problema irreal para, a continuación, sacarse de la chistera una solución favorable a sus intereses.
La solución, en este caso, es un plan contra la “desinformación” que contiene numerosas medidas y cuyo resultado final consiste en amedrentar y ahogar financieramente a los medios molestos y críticos con el poder. Como España aún es una democracia, si bien cada vez más defectuosa, la censura ideada por Sánchez es indirecta y, por tanto, más sibilina, pero igualmente dañina para la libertad de prensa y de expresión.
Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que afectará tantos a los mass media como a los influencers y que nada tiene que ver con la corrección de información errónea. Entre otras medidas, establece que los usuarios de redes con más de 100.000 usuarios en una plataforma o más de 200.000 sumando todas tendrán que publicar la rectificación que remita el interesado, sea o no verdad. Es decir, tendrá que publicar y difundir la versión del solicitante, lo cual abre de par en par las puertas al spam y la tergiversación interesada de ciertas noticias u opiniones difundidas libremente en internet, embarrando tanto el debate como el flujo libre y ágil de información.
El derecho de rectificación no exige la corrección de errores, sino la mera publicación de la versión del solicitante, sea o no veraz. La izquierda ha perdido el control del relato en las redes sociales y ahora pretende imponer por ley que las plataformas y canales críticos también publiquen su particular versión de los hechos para tratar de igualar fuerzas. Así de triste y de perverso.
El problema es que semejante aberración tan sólo es el principio. A continuación, vendrá una elevación muy sustancial de multas con la excusa de proteger el “derecho al honor”, el recorte arbitrario de fondos y publicidad institucional a la prensa crítica e incluso la creación de un registro para repartir carnés de periodistas y medios de comunicación. En el fondo, son mecanismos y herramientas de presión para imponer la autocensura a base de amenazas y chantajes. Vienen tiempos oscuros, muy oscuros, para la libertad de prensa y de expresión en España.
