Fotografía de: TELAM
Los controles de precios no funcionan. No han funcionado nunca y tampoco funcionarán en el futuro por mucho que nuestros ignorantes y necios políticos se empeñen en aplicarlos una y otra vez a fin de abaratar ciertos bienes o servicios, como es el caso de la vivienda o los alimentos, para, de este modo, intentar arañar un puñado de votos.
A principios del siglo IV, el emperador Diocleciano ya intentó frenar la elevada inflación que por entonces sufría Roma, como consecuencia del envilecimiento de la moneda, mediante un edicto de precios máximos sobre más de mil productos, cuyo incumplimiento podía incluso conllevar la pena de muerte. El resultado, además de numerosas ejecuciones, fue un rotundo fracaso debido al grave desabastecimiento y escasez de los bienes regulados.
La historia, sin embargo, se repite y, por mucho que la fórmula no funcione, políticos y burócratas persisten en el error. A saber, que cuando el precio fijado por ley es inferior al de mercado no compensa producir y, por tanto, la oferta se desploma. Y a menor oferta e igual demanda, mayor escasez y precios más altos en el mercado negro, además de criminalidad y otros muchos efectos indirectos indeseados.
Y lo más importante es que esta valiosa, aunque incomprendida, lección es aplicable a cualquier tipo de producto, incluida la vivienda. Muchos, increíblemente, se sorprenden a día de hoy del disparatado precio que registran los alquileres en numerosas ciudades de España, pero muy pocos apuntan a la auténtica raíz del problema, que no es otra que el atroz intervencionismo que aplica el Gobierno desde hace ya cuatro años mediante constantes ataques a la propiedad y un amplio control de precios.
Mención especial merece la situación de los más jóvenes, dado que cada vez tienen más dificultades para alquilar y poder independizarse por la escasez de vivienda y los altos precios, viéndose obligados a compartir piso a pesar de tener trabajo y cobrar un sueldo. A mayor intervención más problemas. Esta máxima se cumple siempre y en todo lugar.
Y prueba de ello es que, siendo la economía una materia donde el consenso más bien brilla por su ausencia, la mayoría de estudios coinciden en que el control de los alquileres causa más perjuicios que soluciones. Según una reciente investigación del Institute of Economic Affairs, la inmensa mayoría de trabajos sobre esta materia -un total de 196 estudios realizados a lo largo de 60 años en casi 100 países- concluyen que este tipo de controles encarecen el mercado del alquiler, reducen el número de viviendas disponibles, frenan la construcción en obra nueva, dañan la movilidad residencial y empeoran tanto la calidad como el mantenimiento de los inmuebles, además de agravar la escasez.
Y si el Estado, una vez más, es el problema, la solución es el mercado, mucho más mercado. Argentina es un buen ejemplo. Hace poco más de seis meses, el nuevo presidente, Javier Milei, eliminó el control de precios y desde entonces la oferta se ha disparado un 200% en Buenos Aires, mientras que la renta media, una vez descontada la inflación, ha caído cerca de un 20%. No es un milagro, es pura y simple economía. Si los españoles quieren alquileres baratos, basta con proteger y respetar la propiedad privada.
