No soy analista político, pero de comunicación he ido aprendiendo con el tiempo alguna cosa que otra, y la dispersión en los mensajes solo puede buscar dos efectos: uno, la bomba de humo para marcar agenda y confundir la atención del público con temas de una aparente importancia que, en el fondo, no significan absolutamente nada; o dos, llevar a cabo justo lo contrario de lo que el mensaje parece implicar.
Con esa premisa en mente podemos –quizá podemos, no es nada fácil– arrojar una cierta luz sobre el batiburrillo tan vago y falto de coherencia, siempre oportunamente nacido y vuelto a mencionar cuando molestan las turbulencias gubernamentales –procesos judiciales varios abiertos, recurrente falta de apoyos en el Parlamento– del Plan de Acción por la Democracia.
Una nueva cortina de humo
El título mismo es representativo de su insustancialidad: ¿puede acaso haber en España un plan de acción promovido por el Ejecutivo que no sea «por la democracia»?; ¿la democracia en España se ha visto deteriorada en los últimos años gobernando el mismo partido que promueve ahora este plan que pretende regenerarla? De aplicar la primera premisa mencionada, este plan solo puede querer desviar la atención hacia una agenda de medidas con tempos y un argumentario controlados por el Gobierno –31 medidas en tres años nos han dicho, tienen material de sobra para polémicas y escándalos cuando convenga–. De aplicar la segunda, la peor de las dos, este plan pretendería lo contrario que dice pretender.
Se dice que se perseguirá y se penalizará a los medios que desinformen. Sí, pero a lo mejor lo que se quiere decir es que se perseguirán y penalizarán a los medios que publiquen informaciones con las que el Ejecutivo no esté de acuerdo –confundir las acontecimientos que nos dejan en mal lugar o las opiniones contrarias a las de uno con los bulos es una tentación habitual del poderoso–. Se habla de pseudomedios y tabloides. Sí, pero quién sabe si lo que se pretende en realidad es cancelar a quienes no se alinean con el argumentario del Gobierno.
En esa misma dinámica de observar en la ambigüedad del texto lo que no se dice, pero se podría implicar, se podrían sumar otras medidas en beneficio de la transparencia que se dice perseguir. Se exige que la ciudadanía conozca las fuentes de financiación de los medios, o que se controle y limite la publicidad que contratan las administraciones públicas en los medios. Sí, pero se podría añadir la posibilidad de conocer a qué medios conceden exclusivas nuestros líderes políticos, y controlarlas y limitarlas en consecuencia para que el reparto de las mismas también sea más justo y no se primen con ellas solo a los medios afines –las exclusivas generan audiencia y tráfico, y la audiencia y el tráfico generan dinero, ergo las exclusivas son también un capital y una inversión–.
Un plan cojo en muchos aspectos
Se propone que sea obligatorio que los candidatos comparezcan en todos los debates electorales. Sí, pero se podría añadir que, no solo durante el corto periodo de campaña electoral, sino en los cuatro años de legislatura en los que también deberían seguir rindiendo cuentas, nuestros líderes deban acudir a las entrevistas de todos los principales medios de comunicación que lo soliciten, o que, al menos, haya paridad en el número de entrevista concedidas a unos y a otros.
En definitiva, lo más probable, o lo que nos conviene creer para no terminar de volvernos locos con tamaños delirios autocráticos es que se trate de lo primero, una maniobra de distracción más en el peor momento de legislatura. A eso es a lo menos malo que está el Gobierno.
