María Jesús Montero (PSOE), ministra de Hacienda; Patxi López (PSOE), presidente del Congreso; Gabriel Rufián (ERC), portavoz en el Congreso; Santiago Abascal (Vox); Pablo Iglesias (Podemos); Irene Montero (Podemos), y el propio Pedro Sánchez (PSOE), presidente del Gobierno, comparten un rasgo en común. Además de pertenecer o haber pertenecido a la primera clase política en España, ninguno de ellos tiene una reconocida trayectoria profesional fuera de la política.
En España, la política parece haberse convertido en un refugio para quienes no han desarrollado una carrera profesional sólida fuera del ámbito público. Y esto se traduce en multitud de problemas a largo plazo. La política, que debería ser un servicio temporal al ciudadano, se eterniza en personas que no tienen un puesto reconocido en el sector privado, lo que hace que abandonar su puesto sea una opción mucho menos atractiva y prácticamente inexistente. Esto perpetúa la presencia de perfiles con escasa vocación, visión práctica o eficacia en la gestión pública. El resultado es una política más orientada a la supervivencia personal que al servicio real del país.
Basta con observar la falta de alternativas de muchos políticos a la hora de dejar su escaño. Pocos, si es que alguno, lo hacen por decisión propia, y gran parte desempeña cargos que no guardan relación con su formación académica, ni mucho menos con una experiencia laboral sólida (que en la mayoría de los casos es inexistente).
El problema sería menos acentuado si trabajaran con cierta transparencia y honestidad. Sin embargo, existe ya un descontento generalizado, sin importar la bandera que uno saque a su balcón, en cuando a la gestión estatal y del dinero público. No existe una clara evidencia de que quienes nos legislan sepan muy bien de qué van las cosas. Y así se dan situaciones rocambolescas, como filósofos ejerciendo de ministros de sanidad (Salvador Illa), o ministras de Hacienda siendo licenciadas en Medicina (María Jesús Montero). Pero más allá de sus cruces profesionales, lo que realmente llama la atención es su falta de experiencia en el sector privado.
Cuando uno trabaja en una empresa, es autónomo o, en general, depende del sector privado para ganarse la vida, comprende de primera mano cómo funciona el mercado. Es consciente del valor que debe aportar para ser rentable, estableciendo una relación mutuamente beneficiosa que permita a la empresa crecer y, al mismo tiempo, al profesional desarrollarse. Pero ambas cosas deben ir ligadas: no es posible formar a grandes profesionales en una empresa en quiebra, ya que la falta de recursos lo impide. De la misma forma, una empresa privada fructífera no puede permitirse al mal profesional, ya que hace que esta no pueda crecer como debiera y ajustarse al mercado.
En política, este tipo de mecanismos no existen. No importa cuántas veces se cometan errores, siempre parece haber recursos para seguir adelante. No importa si cuesta más o menos, si eres más o menos eficiente, o si estás atentando contra el sentido común del ciudadano. Al final de cada mes, la balanza económica queda fuera de la ecuación, y el resultado se traduce en un bienestar ficticio, impulsado por un cortoplacismo peligroso que, tarde o temprano, impacta negativamente en el resto de la población.
Que no exista mecanismo de huida para el político es un problema nacional, y por ello hay que tratarlo como tal. Teniendo en cuenta la naturaleza de quienes nos gobiernan, resultaría difícil de creer que sean capaces de dejar de intentar perpetuarse en el poder. Sin embargo, una medida que prohíba ocupar cargos políticos antes de los 40 años, salvo excepciones específicas como áreas en las que la juventud pueda ser una ventaja, obligaría a quienes aspiren a la política a labrarse primero una trayectoria en el sector privado.
Trabajar, prosperar, crecer y luchar es importante, no solo para el estado de ánimo de una persona, sino para el progreso personal y la lucha por los valores de uno mismo. Labrarse un futuro independiente hasta los 40 años parece una medida más que razonable que terminaría con el carácter perpetuo que se genera en la política actual española.
