Imagina que vives en una comunidad de vecinos. Desde hace años, pagas religiosamente tus cuotas y evitas gastos innecesarios. Además, eres responsable con lo que deseas e intentas fijarte objetivos acordes a tu nivel adquisitivo. Nada de grandes reformas ni compras importantes hasta estar seguro de poder pagarlas.
Llegado a este punto, recibes en tu buzón un aviso de una junta extraordinaria. Eres notificado que uno de tus vecinos ha gestionado mal su dinero y está endeudado. Al parecer, gastó más dinero que el que tenía, lo que le ha llevado directamente a un endeudamiento cada vez mayor. En esa misma carta, se concluye que esa deuda pasará a ser de toda la comunidad.
Ahora, cambiemos el escenario. En lugar de una comunidad de vecinos, hablemos de un país. En lugar de una deuda menor, hablemos de miles de millones de euros. La reciente condonación de deuda a Cataluña y otras comunidades autónomas plantea este dilema. Algunas regiones han gestionado mejor sus recursos (aunque estemos realmente lejos de decir algo así), mientras que otras han acumulado deudas astronómicas. Ahora, el Gobierno central decide asumir parte de esas deudas con dinero que, vamos a dejarlo claro, proviene de los impuestos de todos.
Para algunos, esto es justicia fiscal: si una comunidad está endeudada, ayudarla es una cuestión de solidaridad nacional. Para otros, es una forma de estafa: ¿por qué premiar la mala gestión en lugar de fomentar la responsabilidad financiera?
Más allá de las ideologías, esta situación genera un problema real: el ciudadano medio, que trabaja, paga impuestos y gestiona sus finanzas con responsabilidad, se encuentra atrapado en un sistema donde su esfuerzo se pierde en decisiones ajenas con fines políticos manchados de oportunismo.
Los conservadores verán en esto un atentado contra la responsabilidad institucional. Los progresistas podrían defender la solidaridad territorial, pero incluso dentro de este grupo hay quienes cuestionan que el problema de fondo (la mala gestión de recursos) no se soluciona con medidas puntuales traídas con un motivo cuestionable de fondo. Y los liberales ven un Estado intervencionista que influye constantemente en las reglas del juego económico.
Es por eso que no es un problema de derechas o izquierdas. Es un problema de incentivos y de confianza. Si seguimos premiando la mala gestión, nada va a impedir que se repita en el futuro. Como en nuestra comunidad de vecinos, la solución no es simplemente pagar las deudas de otros, sino cambiar las reglas para que no volvamos a encontrarnos en la misma situación una y otra vez.
