En el esperpéntico espectáculo al que estamos teniendo que asistir sobre el caso Begoña no se sabe qué es lo que sale peor parado, si la ética (que nunca ha sido lo nuestro, ciertamente) o la estética. Sin duda que hay que dar paso a una España mejor y bienvenidos, sean todas las iniciativas en ese sentido, aun cuando, puestos a buscar modelos en el mundo, haberse ido a fijar en… ¡Inglaterra!, no ayuda a darle credibilidad a propuesta alguna.
Las 4 claves en las que nadie se fija
Pero vayamos a nuestro problema, que en efecto presenta extrema gravedad. El Código de conducta que se plantea por dos asociaciones podrá tener quizás su misión, pero las cosas son bastante más profundas. Para haber llegado a este punto ha hecho falta acometer todos los siguientes pasos intermedios:
1) Una Universidad pública intrafinanciada, con la consecuencia de que el primer objetivo de los Rectores consiste en recaudar: casi como si fuesen el tesorero de un partido político.
Las causas se encuentran probablemente en haber creado demasiados centros (en la época de la transición, sobre todo), con la cantinela de que así “nuestros hijos no tienen que irse fuera para estudiar”. Pero, sea cual fuere el motivo último, lo que ahora importa es solo el resultado: que, para alimentar tantas bocas académicas, no hay dinero en la caja. De no ser por ese hecho (indiscutible), la Complutense no se habría entusiasmado con el dichoso Máster.
2) Unos empresarios cuya obsequiosidad hacia el poder alcanza el estado de lo enfermizo. Los cortesanos de la monarquía alauita se arrastran menos o como poco disimulan mejor.
3) Más aún: nuestros directivos mercantiles van por la vida de gallitos –hay que verlos el fin de semana en el club de golf-, pero, puestos delante de un juez, se vienen literalmente abajo. Habría que pensar en que, en los programas de las escuelas de negocios, donde tantas chorradas se imparten, se incluyera una asignatura con ese objeto: “¿Cómo declarar en un Juzgado?”. Se hace muy necesaria.
4) Un control judicial de la Administración, sobre todo en su actividad contractual (la compra de bienes y servicios), que ya no se ejerce por la jurisdicción llamada primariamente a ello, la contenciosa, sino por la penal, con lo que ello conlleva de espectáculo mediático. Más aún, el foco informativo ha pasado a estar en la instrucción. El Art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que proclama que todas las noticias deben quedar entre las partes, no ha sido formalmente derogado, pero debería serlo cuanto antes para que el divorcio entre la norma y la realidad no resulte tan grosero.
La hipocresía y el teatro institucional
Sin esos cuatro fenómenos de orden general –la intrafinanciación de la enseñanza, la proverbial tendencia de los empresarios a inclinar la cerviz de, su torpeza a la hora de entrar por la puerta de la oficina judicial y la conversión en teatro de las actuaciones de la justicia penal- no se habría generado el caldo de cultivo en el que ha nacido y está en la prensa el caso Begoña.
Con eso no pretendo olvidarme de las circunstancias agravantes de orden personal que aquí concurren –la propensión aprovechategui de tal o cual individuo o individua cuando consigue acceder al carguillo y su numantina tendencia a atornillarse a él-, pero no nos engañemos: los Códigos de conducta, incluso si en ellos no anida la mera hipocresía, están solo para intentar prevenir en casos límite esas conductas tan poco edificantes. Pero el drama presenta los trazos de lo estructural: sus raíces son mucho más profundas y generales. Las denunció, con sarcasmo, un tal Valle Inclán. Y luego vino Berlanga con sus películas, que se recreaban en lo grotesco. Debe ser que resultamos incorregibles.
