La semana pasada conocíamos que el gobierno de extrema derecha de Meloni, en Italia, aprobaba un paquete de medidas que modificaban de alguna manera la ley que regula actualmente el aborto en el país. Entre otras cuestiones, se permitirá a partir de ahora que los grupos antiabortistas puedan entrar en las clínicas de aborto, coaccionando y acosando así a las mujeres que quieran ejercer su derecho. Se supo también que la medida forma parte de un paquete de iniciativas que serán financiadas por los fondos de recuperación postpandemia de la UE, del cual Italia es el mayor beneficiario.
Después de que la medida fuera sometida en la cámara baja a una cuestión de confianza y se aprobara por amplia mayoría -185 síes, 115 noes-, este martes el Senado ha dado finalmente luz verde al paquete de medidas. Lo ha hecho con 95 votos a favor y 68 en contra gracias al soporte brindado por los partidos que respaldan el Gobierno de Meloni: Fratelli d’Italia, la Lega y Forza Italia.
Aunque esta iniciativa pueda parecer excepcional, la realidad es que sigue la estela de normas ya adoptadas en otras regiones italianas lideradas por la derecha o la extrema derecha. Por ejemplo, en Marche, una región dirigida también por los Hermanos de Italia de Meloni, han restringido el acceso a la píldora abortiva.
Y por si fuera poco, según informa The Guardian, en Italia también existen grupos antiabortistas financiados por la derecha que se infiltran en clínicas de consulta y que proporcionan a las mujeres un certificado que confirma su deseo de interrumpir el embarazo.
Ese mismo día, el 17 de abril, después de que la cámara baja aprobase el paquete de medidas, cientos de personas protestaban frente al Palacio Montecitorio para denunciar “la violencia de un gobierno que hace retroceder a las mujeres cien años”. Activistas por los derechos de las mujeres, sindicatos y partidos de centro-izquierda e izquierda se concentraban frente al Parlamento italiano. “Queremos derechos, no objetores”, gritaban los manifestantes.
La ley 194 o por qué en Italia es tan difícil abortar
El reciente paquete de medidas aprobado por el gobierno italiano se enmarca dentro de una ley más amplia, la ley 194. Fue aprobada en 1978 y se titula “Ley para la protección social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. Por ello, en relación al aborto en Italia, antes de gobernar, Meloni hablaba de implementar o darle más peso a la “primera parte de la ley”. Es decir, la que habla de la “protección social de la maternidad” y no de la parte que regula el aborto como tal.
Esta norma establece, a partir del cuarto artículo, las condiciones para que una mujer o persona con capacidad de gestar pueda interrumpir un embarazo. En Italia, esta ley permite el aborto en los primeros 90 días siempre que haya “un grave peligro para su salud física o psíquica” y así lo certifique un facultativo. También lo permite cuando existan dificultades económicas, sociales o familiares; o bien ante el temor de anormalidades o malformaciones del que va a nacer. Es decir, que no se puede abortar por voluntad propia, siempre tiene que existir alguno de estos motivos.
En la práctica, todos ellos deberían de ser suficientes para interrumpir el embarazo sin caer en delito. No obstante, la ley incide en que si el riesgo es socioeconómico se deben abordar “las posibles soluciones para ayudar a eliminar las causas que llevarían a la interrupción del embarazo”. El objetivo, establece la norma, es “permitirle hacer valer sus derechos como trabajadora y madre, promover todas las intervenciones adecuadas encaminadas a apoyar a las mujeres ofreciéndoles todas las ayudas necesarias tanto durante el embarazo como después del parto”.
Establece además un periodo de reflexión de siete días que solo será prescindible cuando un medico certifique que se trata de un caso urgente, tal y como marca el artículo 5. El sexto, señala que, a partir de los 90 días, solo es posible interrumpir un embarazo cuando el embarazo o el parto impliquen un riesgo vital o haya algún tipo de patología fetal significativa.
En realidad, la ley entró en vigor tras una dura batalla política y parlamentaria y fue en realidad un compromiso entre las fuerzas pro y antiabortistas. Finalmente, fue aprobada con rapidez para evitar que se llevara a cabo un referéndum popular que, en caso de resultados positivos, habría liberalizado completamente el aborto.
Tres años después de la aprobación del proyecto, el Movimiento por la Vida, de orientación católico-integrista, promovió otro referéndum popular para abrogar la nueva ley aprobada en el Parlamento, tras haber recogido más de un millón de firmas. Dicho referéndum fue rechazado por los italianos en votación realizada en junio de 1981, semanas después del atentado perpetrado en la plaza de San Pedro contra Juan Pablo II, el cual, sólo tres días antes, había presenciado una manifestación contra el aborto a la que asistieron más de 200.000 jóvenes.
Más del 60% del personal de ginecología se declara ser objetor de conciencia
Francesca Feo, investigadora en la Scuola Normale Superiore especializada en la desigualdad de género, explicó a Newtral que una de las principales barreras para abortar es la objeción de conciencia. De hecho, según el último informe del Ministerio de Salud italiano (2021), solo el 59,6% de los centros sanitarios que ofrecen servicios de obstetricia y ginecología practican interrupciones voluntarias del embarazo. Es decir, 335 de 560.
El mismo informe del año anterior apunta que el 64,6% del personal de ginecología se declaró objetor ese año. El anterior, 2019, fue un 67%. Entre el personal anestesista también existe esta problemática: un 44,6% de anestesistas se declararon objetores de conciencia para la práctica del aborto en 2020.
La investigadora señala al medio que “serían necesarios datos públicos por centros hospitalarios”. Por ello, Feo considera relevante tener en cuenta otros estudios que sí que dan estos datos. Por ejemplo, la Asociación Luca Coscioni apunta que hay “72 hospitales que tienen entre 80 y 100% de objetores de conciencia” y en 18 “el 100% de los ginecólogos con objetores”.
Limitar el derecho al aborto es una batalla histórica de la extrema derecha, y aunque en Italia, a partir de ahora ya sea legal que estos grupos entren en las clínicas de aborto, la realidad es que llevan años con su lucha para coaccionar a las mujeres. Organizan manifestaciones contra lo que califican de “masacre”, exhiben fetos de plástico y pancartas en las que se acusan a las mujeres y a los médicos de “asesinos” y abren “salas de escucha” para convencer a las mujeres de buscar una solución alternativa al aborto. Esto último, por ejemplo, ocurrió hace unos meses en el hospital Sant’ Anna de Turín.
Los fetos enterrados con el nombre de sus madres
Prueba de la fuerza que tienen los grupos antiabortistas en Italia es esta práctica que lleva desarrollándose varios años en el país. Se trata, ni más ni menos, que de enterrar restos de fetos abortados con el nombre y los apellidos de las mujeres que decidieron hacerlo.
La noticia saltó a los medios de comunicación en el año 2020, y pronto se propagó por el resto del mundo. Ocurrió cuando aparecieron cientos de nombres de mujeres en una serie de cruces puestas sobre las tumbas en un cementerio del norte de Roma, en el cementerio Flaminio. Lo impresionante es que debajo de esas cruces no había mujeres enterradas, sino los fetos que fueron abortados.
Todo comenzó, según ha explicado la asociación feminista ‘Differenza Donna’, con la denuncia de una mujer: Marta L. A través de redes sociales, afirmó que, después de sufrir un aborto por motivos de salud, descubrió que el feto había sido enterrado en dicho cementerio con su nombre y apellido. Todo, sin su conocimiento y sin su consentimiento.
La denuncia de Marta llevó a otras tantas mujeres a descubrir que habían sido víctimas de la misma situación. A los pocos días, ‘Differenza Donna’ presentó una denuncia ante la Fiscalía de Roma y afirmó que había identificado más de 1.000 tumbas de este tipo en el cementerio.
«Al mostrar los nombres y apellidos de las mujeres en las cruces, se violaba un aspecto crucial de la ley, el derecho a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo», denunció la presidenta de la organización, Elisa Ercoli.
