Carrera política del dirigente
A los 12 años ya se había sumado a la organización de izquierda Ruptura. Más adelante, en 1977, un año después del asesinato de Jorge Antonio Rodríguez a manos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ingresó en la Liga Socialista. En esta organización, alcanzó el cargo de miembro del Comité Nacional y del Comité Regional de Caracas. Durante la campaña presidencial de 1983, trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel, aunque la campaña resultó infructuosa.
En 1986 y 1987, gracias a una beca de su partido, Maduro estudió en la escuela cubana de formación de cuadros políticos de izquierdas «Ñico López» en La Habana. A finales de los 80, consiguió trabajo como conductor de metrobús en el Metro de Caracas, en la parroquia Caricuao, donde vivía.
En su labor como conductor, comenzó a representar a los conductores de autobuses del Metro de Caracas como sindicalista no oficial. Posteriormente, fundó el Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA), decisión que, según él mismo, fue una “decisión estratégica” de su partido, la Liga Socialista. En 1995, junto a otros trabajadores, fundó la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, convirtiéndose en su Coordinador Nacional.
Encuentro con Hugo Chávez y activismo
Maduro conoció a Hugo Chávez tras el primer intento de golpe de Estado en Venezuela en 1992, aunque su encuentro personal ocurrió casi dos años después. Desde ese momento, se convirtió en seguidor de Chávez. Junto a la Liga Socialista y otros grupos de izquierda como Bandera Roja, participó en el apoyo civil al segundo intento de golpe de Estado en 1992. Durante esta intentona golpista, Maduro se encargó de movilizar soldados y civiles armados a través de los túneles del metro, logrando escapar del arresto por esos mismos túneles tras el fracaso del golpe.
El 16 de diciembre de 1993, junto a un grupo de trabajadores del Metro simpatizantes del MBR-200, visitó a Hugo Chávez en la Cárcel de Yare, donde cumplía condena por su intento fallido de golpe de Estado. En ese encuentro, Chávez le asignó a Maduro una tarea confidencial, dándole el seudónimo de “verde”.
Desde ese momento, Maduro se convirtió en un ferviente activista por la liberación de Chávez. Tras el indulto otorgado por el entonces presidente Rafael Caldera, y la liberación de Chávez en 1994, Maduro y un grupo de seguidores ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. Durante una Asamblea Popular del MBR-200 en Catia, conoció a Cilia Flores, quien pronto se convertiría en su pareja sentimental.
Ingreso al MVR y primeros desencuentros
En 1997, se unió al Movimiento V República (MVR), partido que respaldó la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998. Aunque Chávez resultó elegido presidente de Venezuela, Maduro no formó parte del círculo más cercano al mandatario durante su primera campaña presidencial.
Tras años de activismo político, se convirtió en candidato a diputado del antiguo Congreso de la República con el apoyo del MVR por el Distrito Federal. Fue elegido en las elecciones del 8 de noviembre de 1998 y asumió el cargo el 23 de enero de 1999. Como diputado, lideró la Fracción Parlamentaria del MVR en la Cámara de Diputados e integró varias comisiones: Asuntos Sociales, Medios de Comunicación Social, Juventud, Recreación y Deportes, y Participación Ciudadana.
Participación en la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional
En 1999, fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución. Representando al Distrito Federal, que pasó a ser Distrito Capital a partir del 23 de diciembre de ese año, presidió la Comisión de Participación Ciudadana en la Constituyente. Luego, en las elecciones del 30 de julio de 2000, fue elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Movimiento V República.
Desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 5 de enero de 2005, Maduro presidió la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el 5 de enero de 2005, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Fue reelegido en las elecciones legislativas de 2005.
En agosto de 2006, dejó la Asamblea Nacional para asumir un cargo ministerial. Su salida permitió que Cilia Flores, en una votación interna parlamentaria, fuera elegida presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en alcanzar dicho cargo.
Nombramiento como vicepresidente ejecutivo
El 10 de octubre de 2012, tres días después de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro fue designado nuevo vicepresidente ejecutivo, sucediendo a Elías Jaua, quien se separó del cargo para postularse a la gobernación de Miranda.
El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez anunció que, en caso de quedar incapacitado, Maduro debería asumir la presidencia de la República hasta la convocatoria de nuevas elecciones, solicitando además el apoyo popular para Maduro en dichos comicios. El 9 de enero de 2013, Chávez lo nombró presidente del Consejo de Ministros.
El 5 de marzo de 2013, tras el fallecimiento del presidente, asumió el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones presidenciales.
Controversias constitucionales
Debido a la enfermedad de Chávez, este no pudo jurar su cuarto mandato. Algunos medios internacionales cuestionaron la constitucionalidad de la presidencia de Maduro, ya que según su interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, debía ser el presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento Diosdado Cabello, quien asumiera la Presidencia ante la falta absoluta del titular antes de la toma de posesión. Argumentaron que, al abandonar el cargo de vicepresidente para asumir la presidencia, Maduro se aseguraba poder presentarse a las elecciones, ya que el artículo 229 establece que quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente Ejecutivo no puede ser candidato a la Presidencia.
Decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo aclaró que, al morir el presidente titular, el vicepresidente debía asumir el cargo de presidente encargado. Al tratarse de un presidente reelecto, el gobierno mantenía la continuidad administrativa, lo cual, según esta interpretación, justificaba que el vicepresidente ejecutivo asumiera la presidencia interinamente.
Por su parte, el gobierno venezolano aseguró que la presidencia de Maduro no contravenía la Constitución y que este podía presentarse a las elecciones sin impedimento alguno, basándose en otra parte del artículo 233 que establece que, si la falta absoluta del presidente ocurre durante los primeros cuatro años del período constitucional, se debe proceder a una nueva elección dentro de los treinta días siguientes.
Un controvertido proceso electoral
Durante la campaña electoral, Maduro acusó a la oposición de planear sabotear las elecciones presidenciales, implicando directamente a Henrique Capriles en un supuesto plan para provocar violencia tras el evento electoral.
Finalmente, las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el 14 de abril de 2013. Nicolás Maduro Moros obtuvo 7.587.532 votos (50,61 %) y Henrique Capriles Radonski recibió 7.363.264 votos (49,12 %), sumando un total de 14.988.563 votos válidos.
El 9 de abril, ambos candidatos se comprometieron a reconocer los resultados de la elección. Sin embargo, Henrique Capriles Radonski se negó a firmar el acuerdo del CNE, optando por un documento en el que instaba a Maduro a cesar el uso de recursos y medios del Estado. La noche del 14 de abril, Capriles desconoció el boletín oficial del CNE y exigió un reconteo total de los votos, citando al menos 3500 irregularidades detectadas durante la votación. Esta petición fue respaldada por el rector del CNE Vicente Díaz y por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Auditoría y confirmación de resultados
Maduro aceptó la auditoría del 100 % de las actas propuesta por la oposición, pero el CNE descartó un nuevo reconteo, argumentando que ya se habían realizado las auditorías previstas en la ley y el conteo automatizado. En cambio, se realizó una auditoría de las cajas, mesas y comprobantes no seleccionados el día de la elección, revelando un margen de error del 0,02 %. El CNE anunció la finalización de la auditoría al 100 % de los votos el 11 de junio, confirmando la victoria de Maduro.
El 19 de abril, fue juramentado como presidente de la República ante la Asamblea Nacional, debiendo completar el periodo constitucional de Hugo Chávez, según el artículo 233 de la Constitución. El 9 de septiembre de 2013, se presentó ante la CIDH la impugnación de las elecciones, un día antes de la salida de Venezuela del organismo. Ramón José Medina, abogado y miembro de la MUD, entregó el informe y expresó su esperanza de que las elecciones fueran anuladas y repetidas, calificándolas de fraudulentas.
Revueltas y manifestaciones durante su mandato
Protestas de 2014
El 23 de enero de 2014, se lanzó una campaña opositora conocida como “La Salida”, liderada por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, con el objetivo de buscar una solución pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro. La campaña concluyó el 18 de febrero de 2014 con la detención de Leopoldo López, lo que desencadenó una serie de protestas durante el año.
Las manifestaciones comenzaron el 12 de febrero de 2014 y fueron impulsadas por el aumento de la delincuencia, la alta inflación y la escasez de productos básicos. El saldo de estas protestas fue de 43 muertos, más de 486 heridos y 1854 detenidos, según un informe de la fiscalía general de la República.
Crisis institucional y protestas de 2017
En marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una decisión que extendió los poderes del presidente Nicolás Maduro y le retiró funciones a la Asamblea Nacional (AN), lo que provocó una nueva ola de protestas. La oposición volvió a manifestarse el 1 de abril, después de una pausa de cinco meses desde la última convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática en octubre de 2016. Las manifestaciones se centraron en Caracas, donde la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, defendió al gobierno en la Organización de Estados Americanos, argumentando que las fuerzas policiales actuaron para evitar la expansión de la violencia.
El 5 de julio de 2017, miembros y empleados de la Asamblea Nacional fueron asediados por partidarios del gobierno, liderados por los periodistas oficialistas Oswaldo Rivero y Luis Hugas. El Mercosur consideró este acto como una violación del poder del Ejecutivo sobre otro poder del Estado e instó al gobierno a cesar toda acción que pudiera incrementar la polarización.
Las protestas contra el gobierno se diluyeron hacia agosto de 2017, a pesar de que los líderes opositores prometieron mantenerlas hasta lograr la salida del gobierno o cumplir ciertos objetivos que prometían una “transición democrática”.
Crisis política de 2019-2023
El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro prestó juramento para el período presidencial 2019-2025 ante el Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de la Asamblea Nacional, como lo dictaba la Constitución. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos declaró a Maduro como ilegítimo. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, declaró que Maduro era un “gobierno de facto”.
A principios de 2019, la Asamblea Nacional nombró a Guaidó como presidente interino, y más de cincuenta países reconocieron su gobierno. El 30 de abril de 2019, un alzamiento militar tuvo lugar en las afueras de la base aérea La Carlota en Caracas, con la presencia de Leopoldo López y Juan Guaidó.
El 5 de enero de 2020, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron que Juan Guaidó y su equipo accedieran al Palacio Federal Legislativo, mientras Luis Parra era juramentado como presidente de la Asamblea. El 7 de enero de 2020, Guaidó y un grupo de diputados opositores recuperaron el control de la Asamblea Nacional.
Relación entre Venezuela e Irán
Durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela e Irán establecieron relaciones comerciales y económicas que desde el inicio enfrentaron críticas. Con la crisis petrolera que afectó a Venezuela desde 2014, el gobierno venezolano recurrió a Irán para importar petróleo e insumos necesarios para la refinación. Entre 2020 y 2022, la falta de inversión, mantenimiento y mano de obra calificada provocó problemas significativos en las refinerías del país.
En mayo de 2022, el gobierno venezolano, a través de un convenio millonario, delegó el mantenimiento y la reactivación de la Refinería El Palito a Irán. En junio del mismo año, Nicolás Maduro y Ebrahim Raisi firmaron un acuerdo de cooperación entre ambos países con una vigencia de 20 años. A finales de julio de 2022, se anunció que Maduro había cedido un millón de hectáreas cultivables al gobierno iraní, una medida que, según el artículo 13 de la Constitución, requería consulta previa a la población. Desde la firma del convenio, varios cientos de trabajadores fueron despedidos de la Refinería El Palito, según los sindicatos.
Plan del Gobierno de Nicolás Maduro
Seis meses después de ser elegido, el presidente Nicolás Maduro, utilizando las atribuciones conferidas por la Constitución en el artículo 203, gobernó mediante ley habilitante en dos períodos: del 19 de noviembre de 2013 al 19 de noviembre de 2014, y del 15 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015. En octubre de 2013, Maduro solicitó una ley habilitante para aprobar leyes con el objetivo de combatir la corrupción y enfrentar lo que denominó una “guerra económica”. El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional le otorgó el poder de aprobar leyes hasta el 19 de noviembre de 2014.
Segunda Ley Habilitante
El 10 de marzo de 2015, Maduro solicitó una segunda ley habilitante poco después de que Estados Unidos impusiera sanciones por violaciones de derechos humanos a siete funcionarios del gobierno venezolano durante las manifestaciones de 2014. Maduro afirmó que la Ley Habilitante sería utilizada para “enfrentar la agresión del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos”. El 15 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional otorgó a Maduro el poder de dictar decretos ley hasta el 31 de diciembre de 2015.
Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
El 1 de mayo de 2017, mediante el decreto presidencial N° 2830, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela. Aunque inicialmente se planeó que tuviera una vigencia de dos años, el 21 de mayo de 2019 la asamblea aprobó un decreto extendiendo su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo los miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea, desconocieron la legalidad de esta asamblea.
Sanciones Internacionales
El 31 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Nicolás Maduro, congelando todos sus activos sujetos a la jurisdicción estadounidense, un día después de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2017, Canadá también sancionó a Maduro y a otros funcionarios venezolanos, ordenando la congelación de sus activos en territorio canadiense y prohibiendo a cualquier entidad canadiense realizar negocios con los sancionados.
Además, la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció a Nicolás Maduro por su supuesta implicación en el Caso Odebrecht. El 30 de marzo de 2018, Panamá sancionó a Maduro y a otros miembros de su gobierno por considerarlos de “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”. Esta medida prohibió cualquier transacción comercial o financiera con ellos en territorio panameño y ordenó investigar posibles intermediarios de otras nacionalidades que pudieran actuar en su representación.
El 26 de marzo de 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción contra Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Políticas económicas
Desde 2003, Venezuela estableció regulaciones sobre las transacciones en moneda extranjera. El gobierno de Chávez justificó esta medida para proteger el nivel de reservas internacionales. Para 2015, existían tres tipos de cambio oficiales (CENCOEX, SICAD, SIMADI), además de una cotización paralela denominada “dólar negro”, que fue ilegal hasta las reformas de 2014. A finales de 2013, esta distorsión cambiaria comenzó a generar escasez de bienes de consumo masivo y un aumento de la inflación. La dificultad en la asignación de moneda extranjera necesaria para la importación obligó a algunas industrias a interrumpir su funcionamiento por falta de materia prima.
Al asumir la presidencia en 2013, Nicolás Maduro continuó con las políticas económicas de su predecesor, Hugo Chávez. Recibió una economía endeudada, con alta inflación, elevado gasto público y problemas de escasez de bienes. Estas dificultades económicas, junto con la continuación de las medidas de control, fueron una de las razones de las protestas en Venezuela en 2014. Maduro afirmó en varias ocasiones que estaba luchando una “guerra económica” contra el capitalismo, promulgando medidas llamadas “ofensivas económicas” que no abordaron el problema de abrir una economía de libre mercado. Según The New Yorker, Maduro se concentró más en su apoyo político que en atender asuntos prioritarios que los economistas advertían al gobierno.
Según Finanzas Digital, al finalizar el cuarto trimestre de 2013, el PIB reportó un crecimiento del 1%, consolidando una expansión del 1,34% durante todo el año. Sin embargo, en 2014, la economía cayó en recesión con tres trimestres consecutivos de datos negativos y un retroceso del 3% en su PIB al final del año. Algunos economistas atribuyeron esta problemática a erradas políticas económicas del gobierno, mientras que el gobierno culpó a los conflictos políticos de 2014 y a la caída de los precios del petróleo. A pesar de que el desempleo para finales de 2014 fue del 5,9%, un descenso respecto al 12% de 1999, Venezuela encabezó el Índice de Miseria Mundial en agosto de 2014, debido a la inflación, el desempleo y otros factores económicos.
El 17 de febrero de 2016, Maduro anunció un aumento en el precio de la gasolina, estableciendo un incremento del 1328,57% para la de 91 octanos y del 6085,56% para la de 95 octanos. Además, el sistema marginal de divisas (SIMADI) pasó a ser un sistema complementario flotante. En agosto de 2018, el gobierno lanzó un nuevo paquete económico que incluyó la creación de una nueva moneda, el “Bolívar Soberano”, un incremento del 3400% del salario mínimo y un aumento del IVA. Sin embargo, estas medidas fueron criticadas por economistas que sostuvieron que contribuirían a una mayor hiperinflación.
Crisis económica prolongada
La crisis económica se prolongó, con cuatro años de hiperinflación y siete años de recesión. La continuidad del control del tipo de cambio monetario, la disminución de la producción de petróleo y la corrupción fueron problemas que el gobierno no logró solucionar. En 2018, la tasa de inflación alcanzó un 80.000% anual según el Johns Hopkins-Cato Institute Troubled Currencies Project, siendo Venezuela el único país en el mundo con hiperinflación. La Asamblea Nacional de Venezuela indicó una inflación de 1.300.000% anual entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, exacerbando la crisis económica del país.
En octubre de 2013, el gobierno de Nicolás Maduro estableció el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, con la misión de coordinar más de treinta “misiones sociales”. En 2016, Maduro implementó el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir alimentos subsidiados. Sin embargo, los CLAP enfrentaron críticas por denuncias de corrupción, uso político, retrasos y aumentos de precios inesperados. Además, se introdujo el carnet de la patria, un documento de identidad con código QR, destinado a conocer el estatus socioeconómico de la población y agilizar las misiones bolivarianas y los CLAP. Este carnet fue objeto de controversia, acusado de ser un método de control social, exclusión y coacción durante las elecciones.
