Las primeras okupaciones con «k» se vinculan principalmente a jóvenes que buscaban libertad en espacios inspirados en la ideología punk. Antes de este fenómeno, la ocupación de viviendas respondía a la pobreza y estaba marcada por su invisibilidad y protagonismo de grupos marginados como gitanos y migrantes. En los años 80, el movimiento okupa se expandió, con destacados ejemplos como el Ateneu de Cornellà (1986-2003) y la Kasa de la Muntanya en Cataluña, así como la ocupación de Minuesa en Madrid en 1987. En Euskadi, los gaztetxes, como el de la Bolsa en Bilbao y el Euskal Jai en Pamplona, también se hicieron notar. Desde 1992, el movimiento comenzó a integrar otros enfoques, incluyendo el activismo estudiantil, antimilitarista y feminista.
La Expansión del Movimiento (1996-2000)
La criminalización de la okupación en el Nuevo Código Penal de 1996 marcó un punto de inflexión en la expansión de las ocupaciones. El artículo 245.2 definió la ocupación sin autorización como una conducta delictiva, transformando el conflicto civil entre okupas y propietarios en una cuestión penal. A pesar de esto, las okupaciones aumentaron. En Cataluña, el número de casas okupadas pasó de 40 a 150 entre 1996 y 1998. En Madrid, también se observó un incremento en las manifestaciones a favor del movimiento. Durante este período, se registraron 117 desalojos y 128 nuevas okupaciones en toda España, con casos destacados como los desalojos del Princesa en Barcelona y de la Guindalera en Madrid. Sin embargo, hacia el final de los años 90, la organización interna del movimiento comenzó a debilitarse, y la represión estatal intensificó los conflictos con la policía, alcanzando su punto máximo en 2001.
Integración con Movimientos Globales (2001-2005)
A partir de 2001, el movimiento okupa comenzó a fusionarse con otros movimientos globales, como el antiglobalización y los movimientos vecinales. Este periodo vio una colaboración con grupos que luchaban contra las deslocalizaciones empresariales y la creciente precariedad laboral. Ejemplos de esta etapa son centros sociales okupados como El Laboratorio en Madrid y Can Masdeu en Barcelona. Esta fase refleja una mezcla de diferentes luchas sociales y un enfoque más amplio en las problemáticas comartidas.
Crisis económica y expansión de la okupación (2006-2014)
Durante la crisis económica, la okupación se amplió a nuevas identidades y grupos sociales, convirtiéndose en una herramienta de lucha contra la crisis habitacional. Ejemplos notables incluyen la Rimaia en Barcelona y el Patio Maravillas en Madrid. Entre 2011 y 2013, el movimiento por la vivienda, el 15M y el cooperativismo comenzaron a okupar edificios para las personas afectadas por los desahucios masivos. La crisis económica y la respuesta del 15M, surgido en mayo de 2011, destacaron el descontento con las políticas de austeridad y el papel de políticos y banqueros en la crisis. Las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) comenzaron a surgir en 2009, con la primera PAH en Barcelona. Su crecimiento, basado en la acción colectiva y la presión política, incluyó el uso de herramientas como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago.
El Movimiento por la vivienda
La crisis económica en España contribuyó al retraso en la emancipación de los jóvenes debido a los altos precios de alquiler y compra de vivienda. A su vez, el aumento de viviendas vacías, que llegó a 3,5 millones en 2011, y el modelo de crecimiento basado en la construcción, que alcanzó el 9,3% del PIB en 2007, agudizaron la problemática. La precariedad laboral y los altos niveles de desempleo también afectaron el acceso a la vivienda. Las PAH, formadas en respuesta a la crisis de las hipotecas, se consolidaron como un movimiento social clave, organizando acciones directas y legales para detener desahucios y mejorar las condiciones habitacionales.
La investigación y observación directa de las PAH han demostrado su eficacia como mecanismo de apoyo mutuo y su habilidad para negociar con entidades financieras y administrativas. A través de estas plataformas, se ha logrado frenar numerosos desahucios, evidenciando la capacidad del movimiento para influir en el panorama social y político español en los últimos años.
La okupación en la actualidad
Ley de Vivienda en España ha generado polémica por las facilidades que ofrece a los ocupantes ilegales de inmuebles. Durante 2022, se registraron en promedio 46 okupaciones diarias, una práctica que ha estado ligada a movimientos sociales radicales, lo que explica la escritura con «k» como símbolo de inconformismo.
La nueva Ley introdujo cambios significativos en los procesos de desalojo, especialmente para los grandes propietarios, quienes ahora deben acreditar intentos de conciliación con los okupas y esperar informes de servicios sociales. Estos procedimientos han generado preocupación entre quienes temen un aumento de esta práctica ilegal, estimada en cerca de 100.000 inmuebles en todo el país.
Las denuncias casi se duplicaron en los últimos años, pasando de 9.998 en 2016 a 17.224 en 2021, la cifra más alta registrada. Aunque en 2022 hubo una leve disminución del 3,2%, con 16.726 denuncias, la tendencia general es preocupante.
Aunque aún es necesario esperar a que finalice 2024 para obtener una visión completa sobre el número de okupaciones de este año, los datos del año pasado revelan una situación preocupante. En 2023, se registraron 15.289 denuncias por intrusión en inmuebles, una cifra que refleja una disminución del 8,8% en comparación con las 16.765 denuncias del año anterior, 2022.
Es crucial entender que estos números abarcan tanto los casos de okupación, que se refiere a la intrusión en propiedades vacías, como los allanamientos de morada, que implican la entrada en viviendas ocupadas. La distinción entre estos delitos se establece en función del resultado de las investigaciones judiciales.
Distribución geográfica de las okupaciones
Analizando la distribución de las denuncias, Cataluña emerge como la comunidad autónoma con el mayor número de casos, alcanzando 6.258 denuncias, lo que representa más del 40% del total nacional. Esta cifra supera la suma de las denuncias en las siguientes tres comunidades autónomas: Andalucía con 2.331, la Comunidad Valenciana con 1.649, y la Comunidad de Madrid con 1.516.
En contraste, las regiones con menos denuncias fueron La Rioja, con 52 casos, Cantabria con 76, y Asturias con 88. A pesar de tener las cifras más bajas, estas comunidades experimentaron un notable aumento en comparación con el año anterior: La Rioja vio un incremento del 15,6%, Cantabria del 14,5%, y Asturias del 29,4%.
La tendencia de las okupaciones y allanamientos de morada en España ha mostrado un aumento constante desde 2018 hasta 2021. Sin embargo, desde ese año, se ha observado una disminución, aunque los casos de 2023 siguen siendo superiores a los de 2018. La evolución de las denuncias en los últimos cinco años es la siguiente:
- 2018: 12.213 casos
- 2019: 14.621 casos
- 2020: 14.792 casos
- 2021: 17.274 casos
- 2022: 16.765 casos
- 2023: 15.289 casos
Algunos casos mediáticos de okupación
La Beyoncé de Menorca
María Iguazo, quien se autodenominaba «la Beyoncé de Menorca», generó polémica en redes sociales al mostrar su vida como okupa en un lujoso chalet. En un video que rápidamente se hizo viral, Iguazo exhibió la vivienda, valorada en 700.000 euros, por la que solo había pagado 800 euros. La casa, situada en una exclusiva urbanización, contaba con cuatro habitaciones, tres baños, zonas comunes con piscina y vistas al mar. «Esto ni Beyoncé», presumió en sus redes.
Iguazo relató que su llegada a la casa fue sencilla: le entregaron una llave y accedió al inmueble sin problemas. Según afirmó, existía una mafia en Menorca que facilitaba estos movimientos ilegales en propiedades vacías. Con el ingreso mínimo vital que recibía para mantener a sus cinco hijos, María aseguraba que su situación era segura y que nadie podría desalojarla debido a la presencia de menores en la vivienda.
La okupa dividía su tiempo entre dos propiedades: su residencia habitual, también ocupada ilegalmente, y el lujoso chalet, que utilizaba para escapadas de fin de semana. Temía que, si abandonaba la propiedad, otra persona podría ocuparlo, los vecinos podrían irrumpir o los propietarios cambiarían la cerradura. «Hubo muchos episodios de idas y venidas de okupas», señaló.
El grupo inmobiliario Bonnin Sanso, que actuaba como intermediario en la venta de la propiedad, expresó su preocupación por la situación. Consideraban que se estaba vulnerando el derecho a la propiedad privada y lamentaron que Iguazo se burlara del sistema legal español. «Era una obra nueva terminada en 2020, en una zona privilegiada. Intentar justificar cualquier situación delinquiendo es denunciable. Nada debería justificar en este país delinquir en cualquiera de sus formas», afirmaron desde la empresa.
Los dueños del chalet afectado pusieron en marcha varios mecanismos legales para desalojar a los okupas, aunque estos parecían estar bien informados sobre las leyes que los protegían. Esta situación generó gran preocupación entre los propietarios, quienes vieron comprometida su tranquilidad y su derecho a la propiedad.
El okupa de Móstoles
Después de destinar los ahorros de toda su vida a la compra de una vivienda, un hombre que prefiere mantenerse en el anonimato se encontró con una situación devastadora: su nuevo hogar estaba ocupado ilegalmente. Con la intención de establecerse con su esposa e hijos, su sueño se transformó en una pesadilla, y desde entonces la familia sobrevive alquilando otro lugar.
A pesar de los esfuerzos por resolver la situación, el propietario lleva ya cuatro años en una batalla legal sin avances significativos. Según relata, el okupa ha aprovechado la ley de vulnerabilidad para alargar el proceso, lo que él considera profundamente injusto.
El propietario afirma que, mientras él malvive, el okupa se lucra alquilando habitaciones en la casa. «Lo sabemos por el empadronamiento, en el que cada poco tiempo hay gente nueva, además de la confirmación de una vecina que ve constantemente entrar y salir a personas distintas«, revela. Según él, el okupa alquila las habitaciones sin contrato, lo que constituye un delito, y trabaja sin declarar ingresos, generando una situación de injusticia.
El impacto económico de esta situación ha sido devastador para el propietario. La vivienda, que cuenta con cuatro dormitorios, podría generar un alquiler de 2.000 euros al mes, una suma crucial para la familia. «He metido los ahorros de toda mi vida en esta casa, es mi primera vivienda, y estoy dejando de percibir un alquiler que necesito para vivir», expresa, subrayando la injusticia de la situación.
El piso de Benidorm y la prostitución
En Benidorm, se desarrolla uno de los casos de desokupación más intrincados y mediáticos hasta la fecha. La situación comenzó cuando un inquilino arrendó una vivienda por un período de tres meses, aunque solo cumplió con el pago del primer mes. Posteriormente, introdujo a la vivienda a una mujer, a quien había conocido en un club de alterne, y que más tarde se convertiría en su pareja. La situación se complicó cuando la mujer denunció al inquilino por presuntos malos tratos, lo que derivó en una orden de alejamiento. Pese a esto, ella permaneció en la vivienda junto a una amiga y sus hijos menores, de 7 y 15 años.
La tensión dentro de la vivienda aumentó cuando las mujeres, presuntamente, comenzaron a ejercer la prostitución en el lugar. Este caso llamó la atención de la opinión pública, convirtiéndose en tema de debate en programas televisivos como «En Boca de Todos» y «TardeAR». Se sospecha que la denuncia inicial por violencia de género pudo haber sido una estrategia por parte de una de las ocupantes para obtener estatus legal de víctima, complicando aún más la situación legal y mediática del caso.
