Imagen del Bosque Sonoro en la noche del sábado con el concierto de Depedro. Javier Rosa
Llega el verano y, con ello, la temporada de los festivales de música, que ya se han convertido en el gran atractivo del ocio veraniego entre los españoles y en reclamo para el turismo internacional. Es un negocio multimillonario -se calcula que, solo de la venta de entradas, factura más de 300 millones de euros anuales– que deja cuantiosos beneficios económicos directos e indirectos en las ciudades que los albergan.
Pero el auge de los últimos tiempos y la concentración de la organización de los eventos en cada vez menos empresas promotoras está derivando en una serie de prácticas abusivas generalizadas que atentan contra los derechos de los consumidores y que se desarrollan todos los veranos ante la pasividad de las autoridades autonómicas y locales.
La prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior o la imposición de las pulseras cashless como único método de pago son algunas de las prácticas más extendidas que han encendido las alarmas en las asociaciones de consumidores. Sólo en los tres meses de verano del 2023, la avalancha de denuncias ha alcanzado a cerca de medio centenar de festivales celebrados en distintas ciudades españolas.
Pautas generales de lo que no pueden exigir los festivales
Los principales impulsores de estas denuncias son las asociaciones que trabajan para la defensa de los derechos de los consumidores, como Facua o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Cada año, estas organizaciones se encargan de informar a los asistentes a festivales qué es lo que se les puede exigir desde las organizadoras de los festivales y qué no.
En este sentido, la OCU ha detallado una serie de abusos por parte de las promotoras de los festivales, que incumplen la normativa y afectan a los usuarios. Por ejemplo, ante las cancelaciones y cambios inesperados en la programación de los conciertos, los organizadores no solo deben devolver el precio de la entrada íntegra, sino también deben reintegrar los gastos de gestión.
Apuntan también a las pulseras como único medio de pago admitido en el recinto: se trata de una práctica contraria a la normativa de consumo, que obliga a aceptar siempre el efectivo como medio de pago. En esta misma línea, la OCU advierte de que, en ocasiones, los festivales cobran elevadas comisiones por devolver el dinero no usado incumpliendo, de nuevo, la normativa de consumo.
Esta medida atenta contra el artículo 60 del Real Decreto-Legislativo 1/2007, que expone que “los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios, por el uso de determinados medios de pago, cargos que superen el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios (…) corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este artículo se refiere”.
Señalan como una práctica abusiva más el hecho de prohibir comidas y bebidas, ya que “habría que ser más flexible”, y permitir a los asistentes la entrada y salida temporal del espectáculo para poder ser consumidas. Además, la organización debe de garantizar que haya agua potable gratuita, tal y como exige la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Asimismo, el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases obliga a los organizadores a utilizar vasos reutilizables y a devolver el dinero que pagan por ellos a los consumidores, aunque en muchos festivales se cobra hasta 2,5 euros por vaso que, después, no se devuelven.
De la misma forma, se considera que los baños habilitados en el recinto de muchos festivales son insuficientes, lo que provoca problemas antihigiénicos y de seguridad entre los asistentes. A esto se suma el aumento de denuncias de asistentes por aforo excesivo en este tipo de eventos, lo que provoca aglomeraciones que pueden acabar de forma trágica.
Otra de las prácticas ilegales, esta vez denunciada por Facua y que se repite constantemente, es la de cobrar una cuantía adicional al coste de la entrada a quien quiera poder salir y entrar del recinto libremente. Es decir, cobrar por el reacceso.
La asociación considera que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios economicistas, buscando la promotora del festival su enriquecimiento de manera ilícita. A su vez, entiende que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas.
Estos son los festivales con más prácticas abusivas
Facua ya ha presentado denuncias contra los promotores de O son do Camiño de Santiago de Compostela, Pirata Beach Festival de Gandia, Interestelar de Sevilla, Mad Cool en Madrid, Medusa Beach Festival en Cullera, Dreambeach Villaricos, Sonorama Ribera, Granada Sound, Bilbao BBK Live Festival o Puro Latino de Sevilla. Muchos de ellos con más de una denuncia, aunque siguen repitiendo el mismo patrón cada año.
Mad Cool: cobrar por recuperar el dinero no gastado de la pulsera
El año pasado, Facua denunció a Mad Cool Festival SL, empresa promotora y organizadora del festival Mad Cool, ante la Dirección General de Consumo de Madrid por cobrar a los usuarios 1,5 euros en concepto de gastos de gestión para “recuperar el dinero no gastado en sus pulseras cashless”.
Así lo denunció la entidad en un comunicado en el que aclaraban que se trataba del “segundo año consecutivo” en el que denunciaba a la organización del festival por ese mismo motivo. Así, en 2022, la organización ya presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid por estos hechos, pero lamentaban que “hasta la fecha”, la administración no les ha confirmado el inicio de ninguna medida contra la empresa “por incurrir en dicha irregularidad”.
En este sentido, Facua detalló que en el 2022, la promotora “impuso” un plazo de “solo diez días” para solicitar este reembolso, aunque en la edición del 2023 el plazo se amplió hasta los 14 días.
La norma que, en este caso, se estaría incumpliendo, es la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. “”constituyen infracciones en materia de normalización técnica, comercial y de prestación de servicios, así como en materia de condiciones o técnicas de venta y suministro de bienes o servicios” la realización de transacciones en las que “se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas así como la no aceptación de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados”.
Pirata Beach Festival de Gandía: impedir acceso con comida y bebida y pagar por el reacceso
La organización de consumidores denunció el año pasado a Black Lotus SL, la organizadora del Pirata Beach Festival de Gandía, por prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. La denuncia fue interpuesta ante el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Secretaría de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Además, diferentes usuarios denunciaron que, al ponerse en contacto con los organizadores del evento para saber si podían introducir agua ante las altas temperaturas que se esperaban, estos les trasladaron que no está permitido el acceso con agua del exterior.
En este sentido, Facua apuntó que, al igual que en las ediciones de 2019 y 2022, se trata de un evento donde la principal actividad no es la hostelería, sino el desarrollo de un espectáculo musical, por lo que la prohibición de consumir comida y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para el normal desarrollo de la actividad comercializada.
También recuerdó que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera puede ser una cláusula abusiva según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
Asimismo, la asociación indicó que, aparte del abono general, los asistentes que querían salir o entrar del recinto, debían de abonar un extra de entre 5 y 12 euros en concepto de reacceso. Una práctica que, a día de hoy, sigue exigiendo el festival. Justo este fin de semana, del 10 al 13 de julio, se está celebrando la nueva edición con las mismas prácticas abusivas de todos los años.
Medusa Beach Festival: cobrar por devolver el dinero de la pulsera, prohibir comida y bebida y cobrar por el reacceso
Facua denunció el año pasado a Adculture Gestión AIE, promotora del Medusa Beach Festival en Cullera, por cobrar “gastos de gestión” por devolver el dinero sobrante de la pulsera cashless, imponer este método como única forma de pago, prohibir el acceso con comida y bebida del exterior, y cobrar una cuantía adicional al coste de la entrada de 15 euros al día a quien quisiese poder entrar y salir del recinto libremente, o la misma cuantía extra por realizar un cambio de nombre en la entrada. La denuncia fue dirigida a la Subdirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana.
La empresa organizadora impuso una cláusula de “reacceso no permitido” si no se pagaba 15 euros por día. Asimismo, estableció un plazo de únicamente cuatro días para devolver, previo pago de 3 euros, el dinero sobrante de la pulsera cashless.
“La asociación considera que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios de rentabilidad para la promotora, buscando la empresa del festival su enriquecimiento de manera ilícita”, publicaba Facua en un comunicado. A su vez, entiende que no hay justificación para la aplicación de esta norma, “pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas”.
Puro Latino de Sevilla: cobrar un extra de reacceso, imponer la pulsera como único método de pago y quedarse con el dinero no gastado
Facua ha denunciado esta misma semana a Soko Fest 2024 AIE, promotora del Puro Latino Fest que se celebra en Sevilla los días 4, 5 y 6 de julio, por cobrar un extra de 15 euros u obligar a comprar una entrada Oro o Platino para poder reacceder al recinto, por imponer la pulsera monedero como único método de pago y por quedarse con parte del dinero no gastado a través de ese método por los asistentes. La denuncia se ha presentado ante la Dirección General de Consumo y Mercados de Abastos del Ayuntamiento de Sevilla.
En el apartado de ‘Condiciones generales’ de la página web del festival se recoge según Facua que para poder entrar y salir sin restricciones en la zona general, los asistentes tendrán que abonar un “extra de 15 euros tanto para la entrada de un día como para el abono completo”. Por lo tanto, las personas que hayan comprado la entrada general “no podrán salir y volver a entrar si no pagan un extra adicional al precio de la entrada”.
Del mismo modo, la promotora impone el uso de la pulsera monedero “como único método de pago válido durante la celebración del festival para pagar”. Además, a la conclusión del evento sólo permite recuperar el dinero sobrante de la pulsera previo pago de dos euros en concepto de “gastos de gestión transferencia”.
Las cláusulas del Puro Latino Fest denunciadas por FACUA “serían abusivas, ya que suponen un perjuicio en el consumidor”. Además, el hecho de imponer un importe mínimo para solicitar el reembolso del dinero de la pulsera es una práctica no consentida, que atenta a la buena fe y que supone un flagrante desequilibrio contractual, según avisa la asociación.
