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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno a “elaborar un estudio sobre las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que residen en el mundo rural”, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
Fue aprobada por unanimidad e impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, y la iniciativa pide llevar a cabo «un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyo y recursos para mejorar el bienestar de las familias de personas con discapacidad que residen en un entorno rural”. En ella, solicita que, “una vez elaborado el diagnóstico y las propuestas de actuación”, se establezca “un cronograma de desarrollo junto a las administraciones competentes en esta materia”, que esté apoyado por “una financiación estatal, suficiente y adecuada para su puesta en funcionamiento”.
Las personas con discapacidad en el mundo rural tienen que superar barreras específicas
Según la diputada del Partido Popular Socorro Cuesta, encargada de defender la proposición, las personas con discapacidad que viven en el entorno rural “tienen que salvar barreras específicas derivadas de la dispersión geográfica, la falta de servicios, el envejecimiento…”. Asimismo, aseguró que las personas con discapacidad del mundo rural tienen un perfil propio, más envejecido y más feminizado, que el conjunto de las personas con discapacidad.
“Estas dificultades se traducen en que una madre tiene que conducir 50 kilómetros para que su hijo asista a la terapia que necesita”, afirmó, o que “una persona de 80 años no pueda acceder al transporte público para llegar a la consulta médica”. Es por ello por lo que la propuesta aprobada solicita la implantación de “servicios de proximidad” y “la creación de intervenciones ambulatorias en zonas donde las infraestructuras son muy limitadas”. Además, destaca la necesidad de servicios específicos para mujeres con discapacidad y de programas de alivio para las familias que cuidan de una persona con discapacidad.
Según la diputada, “la ruralidad actúa como intensificador de muchas otras barreras que sufren las personas con discapacidad”. A su juicio, este estudio debe ser la base para la puesta en marcha de políticas específicas. “Necesitamos saber cómo viven estas personas” en el mundo rural. “Veremos que muchas veces, simplemente sobreviven”, sentenció.
También se aprobó una iniciativa para garantizar su acceso a la justicia
Asimismo, la Comisión también aprobó una proposición no de ley para garantizar el derecho a la justicia de las personas con discapacidad. La medida contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Sumar, y solicita al gobierno diseñar un plan de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado para personas con discapacidad.
En concreto, esta propuesta insta al Gobierno a “poner en marcha los mecanismos pertinentes” que lo hagan posible y pide eliminar “las barreras que padecen las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia».
