Imagen: La ministra de Sanidad Mónica García. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
El nuevo plan de salud mental que ha presentado el Ministerio de Sanidad este viernes al Consejo Interterritorial cuenta con 39 millones de euros para desplegar ocho líneas de actuación. Esta ha sido la segunda oportunidad que ha tenido el departamento que dirige Mónica García para que se vuelva a votar el documento, un mes y medio después de que decayera por la oposición de las comunidades del Partido Popular. Pese a que sus técnicos habían dado el visto bueno al plan, los consejeros conservadores se opusieron a su aprobación tras las reticencias de una de las sociedades científicas que había participado en la elaboración del texto.
Tras unos retoques mínimos, sin alterar el fondo de las medidas, Sanidad buscaba el apoyo de todas las comunidades, y también contentar a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la sociedad científica que se descolgó del plan y cuyos argumentos emplearon los populares. El resto de sociedades de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental mantuvieron su apoyo después del primer patinazo y mostraron su “estupor” por el rechazo del PP.
Los cambios que ha implementado Sanidad
Uno de los puntos que más críticas había recibido por parte de los psiquiatras era el de la “deprescripción” de los psicofármacos, ya que la SEPSM consideraba que estigmatizaba a las personas que consumen estos medicamentos. En el redactado actual, limita el término “deprescripción” a hipnosedantes y antidepresivos y elimina la idea del “uso racional” de psicofármacos en favor de “uso adecuado”.
Otro de los cambios tiene que ver con las plazas MIR de las especialidades relacionadas con la salud mental: psiquiatría, psiquiatría infantil, psicología clínica y enfermería especializada. En el redactado anterior, se aumentó el índice de calidad que medía esta variable de un 80% al 100%. Sin embargo, como el incremento del porcentaje en este criterio no aumenta el número de profesionales porque ya se ofertaban el 100%, se ha incluido en el plan un punto en el que se menciona la creación de grupos de trabajo para que las comunidades incrementen el número de plazas acreditadas.
En el redactado que el Consejo Interterritorial rechazó en febrero no se incluía el concepto “trastorno mental”. En todo momento se hacía alusión a “problemas de salud mental”. En este sentido, el nuevo plan también plantea acciones como crear una guía de identificación y comunicación de la sospecha de trastornos mentales derivados del entorno laboral o la vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales.
Además de las ya mencionadas, otra de las reivindicaciones de los psiquiatras que ha sido aceptada es la de incluir en el texto que el Plan de Salud Mental tiene que estar basado “en el modelo biopsicosocial” para que se tengan en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que influyen en las enfermedades mentales.
También, el plan quiere potenciar la atención domiciliaria, la hospitalización parcial o las casas de crisis “para proteger la autonomía y los derechos” de los pacientes en esa situación, con especial atención a los niños y adolescentes.
Otra de las decisiones más novedosas, que se recoge en el primer plan contra el suicidio ya aprobado, es la creación de un sistema de vigilancia de salud mental como un mecanismo para conocer cómo está la población, medir los problemas y tener mejor información para actuar.
