Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha solicitado a la Audiencia Nacional la devolución de su motocicleta Suzuki y del vehículo Kia Niro de su esposa, argumentando su necesidad para trabajar y llevar a su hija al colegio. Sin embargo, la Fiscalía se opone alegando que García utilizó estos vehículos para reunirse con otros investigados en el caso, lo que según ellos justifica la retención de los mismos.
La defensa de Koldo García y su esposa lamenta lo que consideran una medida extremadamente dura al privarles de sus medios de transporte diarios. En un comunicado, expresan que estos vehículos son esenciales para sus vidas cotidianas, permitiéndoles ir al trabajo y llevar a su hija al colegio y a otras actividades extracurriculares. Argumentan que esta restricción afecta significativamente a sus vidas y labores profesionales.
El conflicto surge a raíz de la decisión tomada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 en febrero de 2024, que prohibió la venta o transferencia de ciertos vehículos pertenecientes a la pareja. Ahora, la defensa busca que la Sala de lo Penal reconsidere esta decisión, subrayando la importancia vital de estos medios de transporte para sus vidas diarias.
Por otro lado, la Fiscalía alega que los vehículos en cuestión fueron utilizados por García en reuniones relacionadas con los hechos investigados en el caso. Se basan en seguimientos y vigilancias realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, respaldados por el informe del fiscal Luis Pastor. Además, señalan que tanto la motocicleta como el automóvil de la esposa de García fueron adquiridos después de los contratos bajo investigación, coincidiendo con un notable aumento en el patrimonio del exasesor y su familia debido a pagos recibidos por su presunta intervención en la adjudicación de dichos contratos.
Una decisión polémica
Este punto plantea un dilema ético y legal, ya que implica la posible utilización de bienes adquiridos de manera sospechosa para fines personales y profesionales. La Fiscalía sostiene que la conexión temporal entre las adquisiciones de los vehículos y el incremento patrimonial de García sugiere una relación entre ambos eventos, lo que refuerza la sospecha de su uso indebido.
La Audiencia Nacional tendrá que sopesar los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar una decisión. Por un lado, está la necesidad de García y su familia de contar con medios de transporte para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Por otro lado, está la preocupación legítima de la Fiscalía sobre el potencial uso indebido de estos vehículos en actividades relacionadas con el caso en investigación.
La resolución de este conflicto no solo afectará a las partes involucradas directamente, sino que también puede sentar un precedente importante en casos similares en el futuro. La Audiencia Nacional deberá encontrar un equilibrio entre el derecho de García y su familia a una vida normal y el interés público en la correcta administración de justicia y la prevención de posibles actos ilícitos.
