El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo (TS) de solicitar información a Hacienda y a una entidad bancaria sobre su patrimonio y sus presuntos vínculos con una fundación peruana. En su recurso, el exdirigente socialista considera que las pesquisas han sobrepasado el marco legal y exige que la instrucción se limite exclusivamente a la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Ábalos cuestiona el procedimiento del magistrado Leopoldo Puente, al que insta a acotar la investigación, recordando que la Audiencia Nacional solo hacía referencia a hechos ocurridos a partir de 2019 y centrados en la adjudicación de contratos durante la crisis sanitaria. No obstante, denuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha extendido sus pesquisas hasta abarcar toda su etapa ministerial y, en algunos casos, incluso antes de su llegada al Gobierno.
Como ejemplo de esta supuesta extralimitación, el exministro menciona la inclusión de imágenes de su boda en la documentación analizada por los investigadores. “Estas imágenes no aportan nada a la causa y su difusión ha causado un daño personal y familiar innecesario”, lamenta en su escrito.
Otra de sus principales quejas radica en la atribución de un terreno en Tulúa (Colombia) con un chalet en construcción. En un primer momento, la UCO señaló que la operación ascendía a más de dos millones de euros, aunque más tarde reconoció que había cometido un error en la conversión de moneda y que la cifra real era de 751,23 euros. Además, Ábalos sostiene que este terreno fue vendido en 2013 y que la construcción en las imágenes pertenece a una parcela colindante.
Críticas a la investigación y a los testigos
El exministro acusa a la UCO de haber llevado a cabo una investigación prospectiva que, a su juicio, vulnera los principios de objetividad e imparcialidad. “Las medidas adoptadas no solo son desproporcionadas, sino que han ampliado el foco sin justificación”, sostiene su defensa. Además, denuncia que los informes policiales han incluido datos obtenidos de un disco duro suyo, incautado en casa de su exasesor Koldo García, cuando ni siquiera estaba imputado.
Ábalos también pone en entredicho el testimonio del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor de la trama, quien aseguró haberle entregado 10.000 euros mensuales en efectivo. Para el exministro, “no es creíble que se hagan estos pagos sin ningún recibo o prueba documental”, lo que refuerza su tesis de que se trata de una declaración interesada y sin fundamento.
En su recurso, también rechaza las acusaciones sobre el alquiler de un lujoso piso en la Plaza de España de Madrid, donde vivió su expareja sin pagar los 2.800 euros mensuales de renta. Según la UCO, dicho alquiler habría sido costeado por Koldo García, su hermano, su hija y Alberto Escolano, supuesto testaferro de De Aldama. Sin embargo, Ábalos recalca que su relación sentimental solo duró entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, y que no tiene ninguna vinculación con esos pagos.
Para reforzar su defensa, el exministro ha aportado al Supremo documentos que prueban que el PSOE contrató a Koldo García como conductor en 2017, desvinculándolo así de las acusaciones que lo señalan en el caso Koldo.
