Imagen: Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, entrando en el CECOPI el domingo. Kai Forsterling. Efe.
Pocas horas después de que la Dana causara estragos en la provincia de Valencia, con 214 víctimas actualmente y miles de millones de euros en pérdidas materiales, los responsables del podcast ‘Greuges pendents’, formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona, lanzaban una iniciativa con el objetivo de presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón. Para ello, había que rellenar un formulario.
Un simple escrito de Google Forms con el objetivo de «recoger adhesiones para iniciar acciones judiciales» contra la Generalitat ha sido suficiente para generar el movimiento. «Necesitaremos juristas, aportaciones económicas, voluntarios…», señala el documento que hasta ahora han firmado casi 1.800 personas.
Más allá del volumen total de participantes, lo más reseñable de esta iniciativa es que casi un centenar de los firmantes son abogados y se han inscrito como voluntarios con la intención de colaborar activamente en la recopilación de información, estudio del caso, redacción y seguimiento de la denuncia.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el abogado y politólogo Quico Miralles, explica a Valencia Plaza que la idea surgió preparando el programa por «la necesidad de hacer algo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados». En este sentido, analiza que el objetivo es plantear «dos líneas de investigación paralelas». «Dado que la Administración no puede ser objeto de la vía penal, uno de los objetivos es encontrar a los responsables individuales. Por otro lado, en la vía administrativa, sí se puede ir contra las instituciones si se consigue demostrar que la tragedia era evitable», relata.
Otra de las variables sobre las que trabaja ese colectivo se centra en las infraestructuras que debían haberse construido o reformado, lo que habría podido contribuir de forma decisiva a evitar la tragedia. Una línea que, en este caso, comenta, afectaría al Gobierno de España y más en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Denuncia de homicidio por imprudencia grave
Respecto a la vía penal, Miralles apunta a que todavía se encuentra en fase embrionaria, si bien la línea en la que se trabaja es la denuncia de homicidio por imprudencia grave. «Para que la gente lo entienda, a un servidor público se le atribuye mayor responsabilidad por su cargo. Es decir, a un dirigente de Emergencias de la Generalitat, o a la propia consellera Salomé Pradas o el presidente Carlos Mazón, se les presupone que poseen más conocimientos que un ciudadano normal, por lo que deben actuar con mayor diligencia», reflexiona.
En cuanto a cómo plantean estructurar el trabajo, el abogado explica que ya han comenzado a distribuir a los colaboradores en dos grupos: «Uno de trabajo más estructural para el tema administrativo y otros para penal. Estamos repartiendo los perfiles en esas dos líneas. Además, en la plataforma que estamos diseñando habrá otro grupo en el que participarán perfiles como geógrafos, ingenieros… con el objetivo de aportar información técnica de cara a la elaboración de la denuncia y al proceso judicial, pero también con el objetivo de reclamar medidas de prevención concretas para que esto no vuelva a suceder».
