Imagen: Europa Press
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, por un presunto ataque a su honor. La demanda surge tras unas declaraciones de Belarra en redes sociales, donde lo calificó de «corrupto» y «prevaricador», exigiendo una compensación de 120.000 euros.
Las acusaciones en redes sociales
El conflicto se desató tras la jubilación de García Castellón, que fue publicada en el BOE el 2 de septiembre. Ese mismo día, Belarra utilizó Twitter para lanzar un mensaje: «Este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE«. Según la demanda, esta publicación alcanzó más de 662.000 visitas y generó miles de interacciones, incluidas insultos y descalificaciones hacia el juez, lo que vulneraría su derecho al honor.
Repercusiones mediáticas y en la opinión pública
El documento legal destaca que el impacto de las palabras de la política no se debe únicamente a la naturaleza del comentario, sino a su influencia como figura pública y diputada. Afirma que el alcance mediático de su mensaje ha generado la creencia entre muchos de que el magistrado es «corrupto» y «prevaricador», acusaciones que el juez considera completamente falsas. Además, se subraya que no existe ninguna sentencia que condene al magistrado por tales delitos.
Belarra y los límites de la libertad de expresión
El equipo legal de García Castellón sostiene que los comentarios de Belarra no pueden ampararse bajo la libertad de expresión, ya que no constituyen un debate de interés general y, por tanto, son considerados como insultos. Señalan que, a pesar de la protección constitucional de la libertad de expresión, «la Constitución no recoge el derecho al insulto». Por ello, la demanda solicita una indemnización de 120.000 euros y que Belarra asuma las costas del proceso.
Una trayectoria judicial marcada por la polémica
A lo largo de su carrera, el juez ha sido blanco de críticas desde distintos sectores políticos, debido a la sensibilidad de los casos que ha instruido en la Audiencia Nacional. En noviembre de 2023, pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial tras ser acusado desde el Gobierno de prevaricar en la investigación sobre Carles Puigdemont y el caso Tsunami Democràtic. Con su reciente retiro, el exmagistrado opta ahora por defender directamente su honor ante el Tribunal Supremo, enfrentando así las declaraciones de Belarra.
