El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha solicitado un informe a los letrados de la corte de garantías para evaluar si la Audiencia de Sevilla puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La sede judicial sevillana había señalado en una providencia que el TC se ha “extralimitado” en este caso.
Según ha informado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Conde-Pumpido trasladó a los magistrados de la Sala Primera, en la reunión del pasado lunes, sus dudas sobre si los jueces y tribunales españoles pueden acudir al TJUE para desoír sentencias del TC. El presidente del TC subrayó que este debate no solo afecta al caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sino también al ‘caso ERE’.
El asunto fue luego expuesto ante los magistrados de la Sala Segunda y, según fuentes consultadas, se prevé que este martes sea abordado formalmente en el Pleno del TC. Mientras tanto, Conde-Pumpido ya ha dado el primer paso encargando un informe jurídico que analice si los jueces españoles pueden plantear cuestiones prejudiciales en casos como el de los ERE y el TSJM.
Las fuentes jurídicas explican que, aunque los jueces pueden elevar consultas al TJUE sobre la aplicación del derecho comunitario, no está claro si pueden hacerlo en relación con sentencias del Tribunal Constitucional. El informe deberá aclarar qué competencias tienen los jueces en este contexto y si procede declarar la nulidad de la providencia emitida por la Audiencia de Sevilla.
En dicha providencia, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de dictar nuevas sentencias en el caso de los ERE tras la anulación de condenas por parte del TC, argumentó que el tribunal de garantías “se ha extralimitado” al ofrecer una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación”. Además, solicitó a las partes que se pronuncien sobre si la doctrina del TC incumple las exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción, considerando una posible cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
