Inmaculada Montalbán con el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán. JOSÉ MANUEL VIDAL. EFE
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo presentado por el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y, por ello, ha anulado su condena en el caso de los ERE. El recurso se había presentado contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial, con accesorias.
El Tribunal declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. En total, han sido siete votos a favor y cuatro en contra.
Previamente, el Pleno había rechazado por unanimidad las recusaciones presentadas por el Partido Popular contra la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer en el caso ERE.
El Partido Popular ha tratado de apartar a Balaguer y Montalbán de la deliberación y fallo de los recursos de amparo presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y José Antonio Griñán contra sus respectivas condenas en el caso de los ERE.
El TC anula la condena de Magdalena Álvarez
En junio, el Tribunal Constitucional dio amparo parcial a la exministra Magdalena Álvarez por su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, anulando así la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla y obligando a repetir parte de la resolución en cuanto a la condena por este delito de la exconsejera de la Junta.
Álvarez fue condenada por su papel de consejera de Hacienda de la Junta, concretamente por la elaboración de los presupuestos que incluían la partida de la que salían las ayudas sociolaborales repartidas de forma ilegal, así como por modificaciones presupuestarias para dotar esta partida. En total 680 millones de euros fueron defraudados con esta fórmula ideada por la cúpula de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2008.
