David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado este viernes por no responder a ninguna de las preguntas planteadas por la jueza que lo investiga por presuntas irregularidades en su contratación como funcionario en la Diputación de Badajoz. Lo ha hecho acogido a su derecho constitucional a no declarar, pero esa decisión ha generado aún más dudas en torno a un caso que ya acumula meses de polémica.
Su abogado, Emilio Cortés, ha defendido que no existe “ni un solo indicio” contra él. Sin embargo, la negativa del hermano del presidente a colaborar con la justicia choca de frente con el discurso de transparencia que defiende públicamente el Gobierno. Más aún cuando las acusaciones que pesan sobre él —relacionadas con un posible caso de enchufe y adjudicación a dedo de una plaza pública— afectan directamente a la credibilidad de las instituciones.
Según Cortés, la declaración de este viernes “ha ido muy bien”, aunque Sánchez no contestó ni a la jueza ni a las partes. Una actitud que no ayuda precisamente a disipar las sospechas sobre un proceso selectivo que, según otras aspirantes, ya estaba decidido de antemano. Una de ellas ha asegurado que le dijeron que “la plaza ya estaba dada”.
En paralelo, también ha declarado como investigado Luis Carrero, exasesor de Moncloa y actual trabajador de la Diputación. El abogado ha negado que David Sánchez interviniera en su contratación: “El señor Carrero no es músico, con lo cual es imposible que hiciera música”, ironizó Cortés, recalcando que ambos tenían funciones distintas.
Sobre un correo en el que ambos hablaban de la plaza, Cortés lo ha achacado a una “disfunción” o malentendido por las fechas. Y sobre el trato cercano entre ambos —Carrero se refería a Sánchez como “querido hermanito”—, el abogado ha minimizado el asunto, asegurando que se trataba de una broma entre amigos.
Otra de las cuestiones bajo sospecha es la ubicación real de la Oficina de Artes Escénicas. Según Cortés, “no existía un edificio como tal” y Sánchez trabajaba en las dependencias habituales asignadas por la Diputación.
Pese a que se han revisado cientos de miles de correos electrónicos de David Sánchez, su abogado insiste en que no se ha hallado nada incriminatorio. Sin embargo, la negativa a declarar, lejos de ayudar, alimenta la sensación de que algo se quiere ocultar. En un caso que toca de cerca al presidente del Gobierno, la falta de explicaciones no es, ni mucho menos, la mejor salida.
