Imagen: Álvaro García Ortiz, en la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía Superior del País Vasco, el pasado 2 de diciembre. David de Haro. Europa Press
El Tribunal Supremo ha citado como investigados al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez en la causa que sigue por el delito de revelación de secretos en el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Así, García Ortiz declarará como imputado el próximo 29 de enero, mientras que Rodríguez lo hará el día 30.
Según el auto, el juez Ángel Luis Hurtado considera apuntalados los indicios delictivos contra ambos fiscales, en especial tras conocerse los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en esta investigación. En ellos, los agentes hallaron que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de ser encausado en octubre.
Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe Díez porque entiende que, de manera coordinada con los otros dos investigados, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)».
Posible delito de revelación de secretos
Con ello, incurrirían en el delito de revelación de secretos, que en este caso estaría castigado con penas de prisión de dos a cuatro años, multa de un año a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
El magistrado argumenta que el fiscal general «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella [la filtración], aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.
El delito que se le imputa a García Ortiz es por la información que se publicó en los medios el 13 de marzo de 2024, donde se difundían unos correos en los que el abogado de Alberto González Amador habría admitido a la Fiscalía del caso haber cometido un fraude fiscal. El Supremo investiga esta filtración que tuvo lugar horas antes del 14 de marzo, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo un supuesto acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal al novio de Ayuso.
El auto también incide en que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde dice que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado en el medio El Plural. El auto incide en que el correo salió de la Fiscalía General del Estado con destino Presidencia del Gobierno y de ahí al medio citado.
Una vez en Moncloa, ese ‘email’ «se puso a disposición» de Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, para que «hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 (de marzo) en el Pleno de dicha asamblea».
El instructor señala que, «ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia».
