Imagen: Alberto González Amador |EUROPA PRESS (Archivo)
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid da vía libre a investigar a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos nuevos delitos, uno por administración desleal y otro por corrupción en los negocios. Los magistrados han desestimado el recurso que había interpuesto el empresario y han notificado a las partes que pueden proceder a la apertura de una pieza separada. Los hechos afectan a los negocios de la consultora de Amador en 2020 y 2021 con el gigante sanitario Quirón, una empresa que factura anualmente cientos de millones a la Comunidad de Madrid.
Los magistrados estiman que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas –continúan los jueces-, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”.
González Amador se negó a declarar por quinta vez
El novio de Ayuso se negó a declarar la semana pasada por quinta vez con el argumento de que esperaba esta resolución. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado su recurso y ha avalado la apertura de una pieza separada. “No es irrazonable la decisión del juzgado de considerar que la compra por 500.000 euros de una empresa sin valor alguno a la esposa de su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención Fernando Camino, en realidad encubría el pago de una comisión ilícita”, defienden los magistrados.
Para los tres magistrados de la Audiencia, que toman esta decisión de forma unánime, “las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance” que apuntan tanto las acusaciones populares como la Fiscalía, pero será la investigación la que determine la existencia del delito.
Tras conocer el auto, los abogados de Amador han pedido a la jueza que su cliente declare de forma voluntaria en la nueva pieza “tan pronto lo permita la agenda del Juzgado”, así como la suspensión de la pieza original. Argumentan que, si se demuestra que los ingresos de Maxwell provenientes de Quirón eran delictivos, habría que levantar su imputación por fraude fiscal y citan la doctrina del Supremo que considera los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación.
