El Tribunal Supremo ha revocado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática tras admitir parcialmente tres recursos presentados por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quien fue candidato para ocupar dicha posición de nueva creación.
Los jueces han decidido anular el Real Decreto del Gobierno que ratificó la propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La mesa de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, mayoritariamente, ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la controvertida designación. En ese momento, García Ortiz impidió que el Pleno del Consejo Fiscal votara sobre si Delgado era incompatible debido a la profesión de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, quien actualmente ejerce como abogado en Derechos Humanos y preside una fundación especializada en el mismo ámbito.
La reunión para tomar una decisión definitiva
Por lo tanto, el Consejo Fiscal deberá volver a reunirse y deliberar sobre la posible incompatibilidad de la candidata, de acuerdo con la prohibición establecida en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). La decisión de la mayoría del órgano será determinante para determinar si Delgado cumple con los requisitos para el puesto creado específicamente para ella, en virtud de una ley redactada cuando era ministra de Justicia en el Gobierno de Sánchez. De lo contrario, si la profesión de su pareja le impide acceder al puesto debido a un posible conflicto de intereses, perdería definitivamente la plaza que ha ocupado durante los últimos once meses, y García Ortiz no podría proponerla nuevamente para el mismo.
