Imagen: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo EFE/ Javier Lizon
El Tribunal Supremo ha desestimado este martes por unanimidad el recurso que una asociación de fiscales presentó contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general en su segundo mandato al frente del Ministerio Público. La resolución del Supremo llega un día antes de que García Ortiz tenga que acudir al alto tribunal para declarar ante el juez que le investiga por revelación de secretos.
Las alegaciones fueron presentadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que, entre otras cosas, afirmaban que García Ortiz no podía seguir en el puesto después de las sentencias que anulaban los ascensos que otorgó a Dolores Delgado. También ponía pegas a que García Ortiz fuera idóneo para dirigir la Fiscalía, basándose sobre todo en la sentencia del mismo tribunal que anuló el ascenso que otorgó a su predecesora, Delgado, para ser fiscal de sala.
En posteriores escritos presentados durante la tramitación de la demanda, la APIF fue añadiendo actuaciones de García Ortiz que esta asociación ha cuestionado hasta llegar a la investigación abierta en la Sala Penal por revelación de secretos, pero el Supremo ha rechazado también estos nuevos argumentos.
La APIF es una asociación minoritaria, de alrededor de 40 miembros, abiertamente enfrentada a García Ortiz que ya había recurrido exitosamente el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. Para impugnar la designación del jefe del Ministerio Público, ha contado con la ayuda de la abogada Elisa de la Nuez, una de las miembros destacadas de la Fundación Hay Derecho.
Un día antes de su declaración
La decisión del Supremo se conoce un día antes de que García Ortiz se convierta en el primer fiscal general de la historia en comparecer como investigado en una causa penal. Lo hará este miércoles a las diez de la mañana ante el juez Ángel Hurtado, de la sala segunda, que investiga si fue responsable de la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador en el que reconocía el fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para ser condenado pero sin tener que entrar en prisión.
El juez Hurtado ha dictado diversos autos en las últimas semanas en las que apuntala su criterio sobre la culpabilidad del fiscal general y su entorno en esa filtración. El jueves, comparecerá Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y la semana siguiente será el turno de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público. El juez, siguiendo los argumentos de los informes de la Guardia Civil, entiende que el fiscal general y sus colaboradores urdieron un plan para filtrar información del caso y perjudicar a la presidenta madrileña.
