El Tribunal Supremo ha decidido abrir dos nuevas causas contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de la formación Se Acabó La Fiesta (SALF), un partido surgido del ruido en redes sociales que ahora se enfrenta a acusaciones muy graves: financiación ilegal, falsedad documental, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Un historial judicial más propio de un político veterano en escándalos que de alguien que se presenta como azote de “la casta”.
El Supremo investigará, en primer lugar, los 100.000 euros que habría recibido de un empresario vinculado al mundo cripto, Álvaro Romillo, alias Cryptospain, para financiar su maquinaria electoral, una operación que, según la Audiencia Nacional, podría constituir un delito electoral.
En paralelo, también se le investigará por la difusión de una prueba PCR falsa del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en plena pandemia, un episodio que mezcla desinformación con una temeraria falta de escrúpulos. Para poder avanzar en ambas causas, el Supremo deberá solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Eurocámara.
A estas causas se suman otras que ya están en manos del Alto Tribunal: posibles amenazas contra una jueza, acusaciones sin pruebas contra políticos, como el socialista Javier Alfonso Cendón o incluso Santiago Abascal, y una publicación en su canal de Telegram de una foto de la hija menor de Pedro Sánchez, tomada de su perfil privado de Instagram. Este último caso podría constituir una grave vulneración del derecho a la intimidad.
Aunque el Supremo ha archivado algunas denuncias por considerar que se trata de “sospechas” y no imputaciones formales, lo cierto es que el cúmulo de frentes judiciales contra Alvise no hace más que crecer, proyectando la imagen de un político que opera al margen de cualquier código ético y legal.
El Tribunal Supremo ha decidido abrir dos nuevas causas contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de la formación Se Acabó La Fiesta (SALF), un partido surgido del ruido en redes sociales que ahora se enfrenta a acusaciones muy graves: financiación ilegal, falsedad documental, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Un historial judicial más propio de un político veterano en escándalos que de alguien que se presenta como azote de “la casta”.
El Supremo investigará, en primer lugar, los 100.000 euros que habría recibido de un empresario vinculado al mundo cripto, Álvaro Romillo, alias Cryptospain, para financiar su maquinaria electoral, una operación que, según la Audiencia Nacional, podría constituir un delito electoral.
En paralelo, también se le investigará por la difusión de una prueba PCR falsa del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en plena pandemia, un episodio que mezcla desinformación con una temeraria falta de escrúpulos. Para poder avanzar en ambas causas, el Supremo deberá solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Eurocámara.
A estas causas se suman otras que ya están en manos del Alto Tribunal: posibles amenazas contra una jueza, acusaciones sin pruebas contra políticos, como el socialista Javier Alfonso Cendón o incluso Santiago Abascal, y una publicación en su canal de Telegram de una foto de la hija menor de Pedro Sánchez, tomada de su perfil privado de Instagram. Este último caso podría constituir una grave vulneración del derecho a la intimidad.
Aunque el Supremo ha archivado algunas denuncias por considerar que se trata de “sospechas” y no imputaciones formales, lo cierto es que el cúmulo de frentes judiciales contra Alvise no hace más que crecer, proyectando la imagen de un político que opera al margen de cualquier código ético y legal.
