El Tribunal Supremo ha dado un paso firme en favor de la verdad y la transparencia al autorizar la declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos. Esta decisión es especialmente relevante porque reconoce el derecho de los ciudadanos —sean o no figuras públicas— a que se respete su intimidad y su presunción de inocencia, especialmente cuando quienes la vulneran ocupan los más altos cargos del poder judicial.
La Sala de Apelación responde ahora que no ve motivos para denegar la toma de declaración de testifical al querellante cuando quien lo pide es la defensa del propio investigado, al tiempo que incide en que la comparecencia de González Amador “sin duda” puede ser de utilidad en la causa.
“Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”, argumenta el tribunal.
Al hilo, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez instructor practicará las diligencias que le propusieren la Fiscalía o cualquiera de las partes personadas “si no las considera inútiles o perjudiciales”.
En el marco de la resolución, que ha sido notificada este mismo viernes, la Sala accede a otra de las peticiones de García Ortiz que el instructor denegó el pasado 27 de enero: la ratificación y aclaración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dando cuenta de la diligencia pericial relativa al material intervenido en los registros de la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid.
González Amador podrá, por fin, explicar ante la justicia el atropello sufrido tras la filtración de datos fiscales que le afectaban y que, según todo indica, salieron de la propia Fiscalía. El Supremo, corrigiendo al juez instructor, ha entendido que su testimonio es no solo pertinente, sino clave para aclarar una de las actuaciones más cuestionables en años por parte del Ministerio Público.
La Sala de Apelación también ha protegido a los periodistas que publicaron la información, reconociendo su derecho a no revelar sus fuentes. Sin embargo, la responsabilidad de lo ocurrido recae en quien tenía el deber de custodiar esa información confidencial y, en lugar de hacerlo, la utilizó para dañar políticamente.
La presidenta madrileña ha sido objeto de una campaña de desprestigio política y mediática sin precedentes, y este procedimiento es prueba de ello. La actuación del fiscal general —nombrado por el Gobierno de Sánchez y abiertamente alineado con sus intereses— ha puesto en entredicho la imparcialidad de una institución que debería estar al servicio de todos los ciudadanos, no de una agenda partidista.
