El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dirige la instrucción del ‘caso Koldo’, ha detectado posibles irregularidades penales en la conducta de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF. En concreto, se investiga su papel en la contratación de Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos, dentro de la empresa pública Ineco. Por ello, el juez ha remitido el caso a la Audiencia Nacional, donde se sigue la causa principal, para que valore una posible imputación.
Además, se ha ordenado tomar declaración como testigos a Claudia Montes —otra expareja de Ábalos empleada en otra entidad pública— y a César Moreno, vinculado al empresario Víctor de Aldama, supuesto intermediario de la trama. En cambio, el instructor ha rechazado la petición de la defensa de Ábalos de que comparezca el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al no considerar relevantes sus declaraciones para la investigación actual.
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