Imagen: Uno de los acusados de explotación de menores saliendo de la Audiencia Provincial Elisa M. Almagro
Los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad no irán a la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que asumen los hechos y aceptan pagar multas e indemnizaciones. De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos. Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.
Así se recoge en el acuerdo de conformidad que los 13 procesados han alcanzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia con la Fiscalía, por lo que el juicio, que se ha demorado una década, no llegará a celebrarse.
Los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el fin de rebajar las penas de prisión y eludir la celebración del juicio, a cambio han reconocido los hechos. Entre los argumentos para reducir la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: en otras palabras, la demora del proceso judicial, que ha tardado 10 años en celebrarse.
Captaban a menores y las prostituían
Los magistrados de la sala han dictado la sentencia in voce, que se considera ya firme, contra las tres mujeres que actuaron como cabecillas de la trama captando a jóvenes de entre 15 y 17 años para prostituirlas con hombres de avanzada edad.
Además de contra una cuarta mujer que actuó como intermediaria acompañando a las chicas a los encuentros, dos hombres que las trasladaban en taxis clandestinos, y siete hombres de avanzada edad y alto poder adquisitivo que pagaron por abusar de las adolescentes.
Las mayores penas de prisión fijadas en el acuerdo son para las cabecillas de la trama, que suman 16, 12 y 6 años. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de procesados, ninguna irá a la cárcel, ya que estas penas corresponden a varias condenas que, individualmente, no superan los dos años, lo cual abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso.
En la misma situación se encuentra uno de los taxistas clandestinos implicados en la trama, condenado por seis delitos a dos años cada uno (12 años en total). La intermediaria ha recibido una condena de 6 meses de prisión y el otro taxista de 1 año y tres meses.
Los siete hombres que pagaron por abusar de las menores han sido condenados a 5 meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos (5 en un caso, 2 en otros dos y 1 el resto).
Las penas son sustancialmente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios y de 4 por cada delito para los clientes.
Según el relato de la fiscal, captaban a adolescentes «en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad».
