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Varias asociaciones judiciales españolas han difundido un comunicado en el marco de la cuarta reunión con la Comisión Europea para evaluar el Estado de Derecho en España.
El comunicado ha sido firmado por: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En este escrito, los jueces y fiscales han criticado el impacto de los aforamientos y las acusaciones de ‘lawfare’ en la percepción de “politización de la Justicia” que tiene la sociedad. Los jueces y fiscales participantes en estas asociaciones han advertido a su vez de la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde diciembre.
En este sentido, el comunicado lee que “es inadmisible que los jueces y fiscales sean llamados al Parlamento en comisiones parlamentarias que tienen por objeto investigarlos”.
Sobre la cuestión de los aforamientos, han asegurado que “constituyen un régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos que acentúa la percepción de politización de la Justicia”.
Puertas giratorias y separación de poderes
El comunicado denuncia que “las puertas giratorias entre política y Justicia” son también “un grave problema en España”. También ha incidido en que “mientras la Constitución dice que el régimen de incompatibilidad debe asegurar la total independencia, la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma”.
Estas asociaciones firmantes del comunicado también han recordado que “el Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) reclama desde el año 2013 que los vocales jueces del Consejo sean elegidos por los jueces” y han defendido que “la promoción profesional de jueces y fiscales basada en sistemas de nombramiento discrecional, poco transparentes, afecta a la confianza de la sociedad en el poder judicial y en la Fiscalía”.
Finalmente, han aprovechado para criticar la situación de jubilación de los jueces de España, en torno a lo que señalan que “a pesar de que se prevé que en diez años se jubilará un tercio de la carrera judicial” y “no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces”.
Como broche final han querido recalcar el escrito que “No hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y con medios”.
